Para el Mossad, en el ataque a la Embajada de Israel no hubo conexión local salvo por algún argentino “manipulado y engañado”

El informe final del Mossad sobre los ataques terroristas de Irán y Hezbollah en la Argentina al que accedió Infobae determinó que los atentados no contaron con ayuda de ciudadanos argentinos. Hezbollah los organizó e instrumentó a través de una célula propia, y si hubo un mínimo contacto con ciudadanos argentinos, ninguno de ellos sabía que estaba, indirectamente, prestando colaboración para la masacre.

“Únicamente miembros operativos de las unidades de la Yihad Islámica fueron los que participaron en el atentado sin que haya habido intervención alguna de ciudadanos locales”, dice el dossier secreto de la central de inteligencia israelí. “Se trata de un ‘atentado Iraní /Hezbollah sin participación de terceros”, agrega el informe que aún no fue anexado a la causa judicial.

La mecánica coincide con la forma en que opera el grupo terrorista hace tres décadas en Líbano, que suele moverse sin convocar a ciudadanos locales, utilizando “documentos falsos para movimientos dentro del país objetivo”. En este caso, la única excepción fue la de Samuel Salman El Reda “que usa prácticamente su nombre para sus movimientos de fronteras dado que vive en la región como miembro logístico clave corazón del atentado”, se señala.

La documentación falsa es provista por el Departamento de Falsificación de la Yihad Islámica y utilizada “para la interacción de ciudadanos locales”, la “compra de vehículos-bomba”, “el alquiler de depósitos” y la “adquisición de materiales explosivos”.

“Es decir no hubo ciudadanos argentinos involucrados en el atentado a la Embajada. Tampoco en el atentado contra la sede de la AMIA. Cabe aclarar que los ciudadanos argentinos vinculados con el atentado fueron ciudadanos inocentes, manipulados y engañados por la Yihad Islámica que no conocían los verdaderos objetivos de sus acciones en el marco de los preparativos logísticos llevados a cabo en Buenos Aires”, concluye el Mossad.

El informe de inteligencia agrega que hubo manipulación durante el alquiler de un inmueble “utilizado como depósito y laboratorio de explosivos”. Esa vivienda fue rentada “por un miembro experto de la unidad 910, cuya identidad se revela por primera vez”. Se llamaba Antonio Hadad. Según se precisó, “el dueño del inmueble era un ciudadano argentino inocente; su identidad es desconocida cómo así también se desconoce la dirección exacta del inmueble; este ciudadano argentino simplemente alquiló un inmueble en su poder de manera inocente”. El alquiler fue concretado por Salman El Reda, con ciudadanía brasileña, quien pagaba en dólares, efectivo y por adelantado.

La segunda intervención de un argentino surge en el momento en que el grupo terrorista compra la camioneta que se usaría como coche bomba para volar la Embajada. Fue el 24 de febrero de 1992.. “La camioneta que se usó como coche bomba fue vendida por un ciudadano argentino inocente. El vehículo fue adquirido por un miembro operativo de alto rango de la Unidad 910 cuya identidad verdadera fue descubierta y se revela en este informe”, se añadió. Se llama Hussein Karaki y usó documentación falsa a nombre de un brasileño: Elías Ribeiro Da Luz.

“Por lo tanto los ciudadanos locales no estaban al tanto del objetivo de sus actividades y menos conocían, de ninguna manera, a las identidades de los miembros logísticos del operativos”, se afirmó en el informe. “Se establece con absoluta seguridad que no existe la denominada conexión local”.

El Mossad ratificó que “el régimen iraní y la organización Hezbollah, a través de Yihad islámica, son los únicos responsables del atentado”, que “la infraestructura del atentado fue creada en Argentina y Brasil a partir del ‘88″, que “no hubo participación alguna de ciudadanos argentinos en el atentado contra la embajada Israel y tampoco en el atentado contra la AMIA” y que “todos los miembros de la célula que perpetraron ambos atentados en Argentina estuvieron involucrados en atentados adicionales o en la preparación de otras infraestructuras terroristas en otras partes del mundo”.

También se resaltó que “el atentado ya estaba listo para ser concretado por lo menos un año antes″ y que “el hecho de que esa infraestructura no haya sido descubierta ni neutralizada después del atentado de la Embajada permitió” que se concretara el atentado AMIA dos años después.

La Justicia argentina espera que el detalle de esos informes lleguen a los expedientes. La Corte Suprema tiene en sus manos la causa que analiza el atentado a la Embajada, donde murieron 22 personas: nueve empleados y funcionarios de la Embajada, tres albañiles y dos plomeros, un taxista y tres peatones, un sacerdote de una iglesia vecina y tres ancianos que se alojaban en una residencia a pocos metros. Fue un cargamento de pentrita y trinitrotolueno -acondicionada en la parte de atrás de una camioneta Ford F 100- lo que detonó en el edificio, según se estableció en 1999. La camioneta había estado detenida en el estacionamiento que la firma Dakota SA regenteaba en Cerrito entre Juncal y Arroyo. No hubo juicios por este hecho ocurrido hace 30 años. Se dictó la captura de Imad Mughniyah (ya fallecido) y José Salman El Reda.

Por otra parte, el juez federal Daniel Rafecas y el titular de la UFI AMIA Sebastián Basso están en estos momentos al frente de la investigación por el atentado contra la mutual judía, donde perdieron la vida 85 personas. Aquí hubo dos juicios por lo sucedido en aquella mañana del 18 de julio de 1994: en el primer debate fueron absueltos el reducidor de autos Carlos Tellleldín y un grupo policías bonaerenses.

Telleldín había acusado a los policías de haberse llevado la Trafic que se usó como coche bomba. Esa afirmación fue hecha en 1996, previo exigir y recibir un pago de 400 mil dólares por parte del juez Juan José Galeano. La confirmación de ese pago “espurio e ilegal”, en palabras del tribunal oral, determinó la inocencia de los policías. Telleldín también logró ser absuelto.

Vía apelaciones de las querellas, la Corte Suprema dejó en pie la acusación contra Telleldín por lo sucedido entre 1994 y 1996. Después de idas y vueltas, un tribunal oral dictó su sobreseimiento a fin del año pasado: para los jueces no se pudo probar que Tellledín supiera para qué se iba a usar la camioneta que pasó por sus manos.

En la instrucción de la causa AMIA, hay 32 personas que siguen ligadas a la investigación y tienen falta de mérito. La fiscalía pidió el año pasado el sobreseimiento para varias de ellas, entre las que figuran los apuntados por la llamada “pista siria”. Ahí aparecen los nombres de Alberto Jacinto Kanoore Edul (hijo), el ex policía bonaerense Víctor José Chabán, el por entonces dueño de una empresa de volquetes, “Santa Rita”, Nassib Haddad y sus familiares Pablo, Javier y Guillermo, y otro grupo de imputados que en esa época pertenecían a la concesionaria “Alejandro Automotores”, encabezada por Víctor Monjo.

En ese momento, la fiscalía remarcó que se considera probado que el atentado fue perpetrado por un “grupo operativo de Hezbollah como brazo ejecutor de Irán” y que los sobreseimientos se piden por “pistas que parecían posibles pero quedaron descartadas”. Cuando la jueza María Eugenia Capuchetti les pidió opinión a las partes, la decisión se postergó: para aceptar o rechazar, las querellas reclamaron acceder a toda la prueba, que incluye kilómetros de papeles. El juez Rafecas instó a la fiscalía y el Ministerio de Justicia a facilitar el acceso a ese material. Si ese documento del Mossad se suma al expediente, también será consultado por las víctimas.

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