El gobierno de Alberto Fernández le prohibió el ingreso al país a la diputada venezolana María Iris Varela Rangel, sobre quien pesan graves denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos en su país.

La ex funcionaria chavista, ahora diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional venezolana, tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Brasil con la intención de aterrizar en la Argentina pero no pudo hacerlo ya que se encuentra en la lista de personas que tienen prohibición de ingreso y tránsito a nuestro país por un acuerdo firmado por la Cancillería durante la presidencia de Mauricio Macri. Además, su nombre está en la lista de los sancionados por la OEA.

“La prohibición surge del listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES.1/19 rev. I, aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR)”, dice el comunicado de Migraciones.

Varela Rangel aparece en el lugar 26 de un listado de 29 personas. El último en la lista es Alex Saab, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, preso en Miami desde octubre de 2021.

La resolución, aprobada por los Ministros de Relaciones Exteriores en diciembre de 2019, en la ciudad de Bogotá, instaba a los países miembros a “activar los mecanismos de cooperación, medidas de debida diligencia y demás procedimientos necesarios, de acuerdo con las legislaciones nacionales y los mecanismos existentes de cooperación en materia de inteligencia financiera, con miras a dar cumplimiento al mandato contenido en los numerales 1 y 2 de la resolución RC.30/RES. 1/19 rev. 1, del 23 de septiembre de 2019, sobre la base de la lista inicial anexa, de personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro”.

Su vida política empezó cuando era joven: tenía apenas 13 años cuando se inscribió en el Partido Comunista Venezolano (PCV)

Más tarde fue directora nacional y coordinadora por el estado de Táchira del Movimiento Quinta República, partido fundado por Hugo Chávez, con el cual el entonces teniente coronel ganó las elecciones presidenciales de 1998.

Fue elegida como constituyente a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999, la cual tenía como objetivo principal la redacción de una nueva constitución que refundaría el Estado. A partir de entonces, fue elegida diputada a la nueva Asamblea Nacional por el estado de Táchira en tres períodos consecutivos: 2000-2005, 2006-2011 y finalmente 2011-2016.

En julio de 2011 fue designada Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Dos años después, el 21 de abril de 2013, en cadena nacional, fue reafirmada como Ministra de Servicios Penitenciarios para el régimen de Nicolás Maduro, pero fue relevada en junio de 2017 para ingresar en la Asamblea Nacional Constituyente.

Dos años después, la polémica funcionaria lideró el ataque a los camiones con ayuda humanitaria que pretendían ingresar a Venezuela desde Colombia. Las fuerzas venezolanas, con la ayuda de los colectivos chavistas, evitaron el ingreso por medio de la violencia y produjeron disturbios en medio de los cuales uno de los camiones fue incendiado.

Hugo Chávez llamó a Iris Varela “fosforito” y “Santa Iris de los Desposeídos” y desde que la nombró Ministra de Asuntos Penitenciarios ella impuso su propia ley y decidió por encima de jueces y fiscales la libertad, los beneficios y los traslados de miles de presos, incluyendo narcotraficantes.

Actualmente, desde la Asamblea Nacional, sigue decidiendo el destino de los presos en Venezuela y se dedicó a construir su ejército de grupos armados, con la excusa de defender la revolución y lo consiguió reclutando a los mismos presidiarios a los que concede beneficios.

Varela fue señalada por el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, después de la Operación Libertad del 30 de abril 2019, de haberle solicitado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, 30 mil rifles para armar su ejército privado del que formaban parte prisioneros que “tenía entrenados” y “de la cual ella era su comandante”.

La liberación de presos le ha servido a Varela para bajar el hacinamiento. Y las medidas sanitarias contra el Covid-19 le dieron la excusa perfecta para sacar a cientos de privados de libertad de las cárceles.

Las alarmas se encendieron cuando en abril de 2020 la liberación de presos fue masiva. Fueron 382 los excarcelados del Centro Penitenciario de Tocuyito en el estado de Carabobo. Varela se escudó en el Régimen de Confianza Tutelado, establecido en el Código Orgánico Penitenciario.

En 2020, además, amenazó con encarcelar al presidente interino y líder de la oposición, Juan Guaidó, en el Centro Penitenciario de Occidente.

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