El fiscal federal Juan García Elorrio pidió hoy seis años y ocho meses de prisión para el sindicalista Omar “Caballo” Suárez al acusarlo de asociación ilícita que cometió fraudes con el sindicato, la obra social y la mutual de los empleados marítimos. También pidió condenas para una quincena de acusados, en el marco de un juicio oral que comenzó a desarrollarse desde 2019 ante el Tribunal Oral Federal 4. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el debate se reanudará el 11 de abril para escuchar a las defensas. El veredicto llegaría para fines de mayo.

Suárez pasó más de tres años, primero en la cárcel y luego en arresto domiciliario. Habrá que ver si, de ser condenado a una alta pena, con el tiempo que pasó en detención en prisión preventiva, su edad y su estado de salud, deberá volver a prisión.

La fiscalía aseguró que hubo una “deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical que se extendió al ámbito de la mutual y de la obra social del SOMU, valiéndose de empresas vinculadas o controladas, tomando los recursos de los asociados o afiliados para la obtención de beneficios indebidos”.

El pedido de condenas fue encabezado por Suárez con seis años y ocho meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude y coacción. No se incluyó en el entorpecimiento de vías navegables. También se cayeron algunas de las imputaciones de extorsión que habían llegado a juicio.

Ademas de pedir seis años y ocho meses para Caballo Suárez, la fiscalía solicitó condenas para Juan Manuel Medina por 4 años y 6 meses; Mario Morato, por 4 años de prisión; para Carlos Ruiz 3 años y 10 meses de prisión; y para María del Carmen Cabrera Peña, 3 años y 10 meses. En tanto, el Ministerio Público solicitó condenas para Julio Cesar Carrera y Juan Hugo Baneki por 3 años y 8 meses de prisión, y para Débora Andrea Medina, por 3 años y 3 meses de prisión.

Los pedidos de penas en suspenso fueron para Carlos Alberto Tinant con 3 años de prisión; Rigoberto Suárez Cardoso y Jorge Vargas, por 2 años y 8 meses; para Alejandro Antonio Giorgi y Rubén Moreira, por 2 años y 6 meses; para Adolfo Guillermo Vissan y Luis Clemente por 2 años y 3 meses; y finalmente para Felipe Birghina, 2 años en suspenso.

Histórico secretario general del SOMU, Suárez comenzó a dirigir el gremio en 1989 y estuvo hasta septiembre de 2016 cuando fue detenido. Le decían el sindicalista preferido de Cristina Kirchner. Está procesado por los delitos de asociación ilícita y entorpecimiento de las vías navegables que pedirle dinero a los barcos que querían ingresar a los puertos a través de una fundación y de una empresa vinculadas al gremio. Por esos hechos ya está en juicio oral.

La denuncia contra Suárez fue realizada por la interventora del sindicato durante el macrismo, la hoy senadora del Juntos por el Cambio Gladys González, quien sostuvo que el objetivo de las maniobras era obtener el control accionario de la empresa Marítima Maruba SA, que posee el monopolio de transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina.

La causa fue llevada adelante por el juez ya jubilado Rodolfo Canicoba Corral que había ordenado su detención, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. A finales de diciembre de 2017, el juez Luis Rodríguez le otorgó la prisión domiciliaria por problemas de salud, pero dos semanas después volvió a prisión por orden judicial. Recién en abril de 2019 consiguió la prisión domiciliaria después de denunciar graves problemas de salud y a fines de ese año finalmente fue excarcelado.

El juicio en su contra está a cargo de los jueces Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez.

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