
A horas de que el presidente Alberto Fernández anuncie un paquete de medidas económicas, en el marco de la “guerra contra la inflación” que -según el propio mandatario- comienza este viernes, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio y los liberales presentaron un proyecto para derogar la Ley de Abastecimiento, que ha sido utilizada como amenaza por el kirchnerismo en momentos de disparadas de precios.
“Esta ley surge como una amenaza permanente y latente al desarrollo natural del comercio y la producción, provocando el efecto contrario que supuestamente se busca. Amedrentar a productores y comerciantes es a todas luces una rémora del pasado dictatorial del medioevo y de aquellos dirigentes modernos que están más apegados al látigo que a la razón”, argumentó la oposición en el texto presentado este jueves.
Para los legisladores firmantes, la Ley de Abastecimiento ha sido utilizada como “amenaza” por aquellos funcionarios que “no saben ni entienden como se derrota la inflación en Argentina”. Más allá de las últimas advertencias que ha hecho Roberto Feletti, la crítica opositora apunta a “todos los Secretarios de Comercio en su presunta lucha contra la inflación”.
“Como es de público conocimiento el control de precios y las amenazas contra el sector privado acumulan fracasos estrepitosos y malestar innecesario en la población. Prueba del fracaso del gobierno en bajar la inflación, se vislumbra en los dichos del propio Presidente de la Nación, que desafortunadamente nos convoca a una ‘guerra’ contra esta infección monetaria que solo existe en Argentina y en puñado de países atravesados por guerras civiles o crisis humanitarias”, se agregó en el proyecto de derogación.

Por otra parte, cuestionaron también el artículo 27 de la normativa que permite a la autoridad de aplicación “obligar a vender, producir, distribuir o prestar servicios ‘frente a una situación de desabastecimiento o escasez’ de los bienes y servicios alcanzados” por la mencionada legislación.
“Son formas de expropiación indirecta”, señalaron, ya que “privan al dueño de los factores de producción de su decisión de cómo utilizarlos para la producción de otros bienes”. “La propiedad sobre aquéllos se ve reducida, así, a la titularidad meramente nominal y al derecho de percibir sus rentabilidades: se elimina el derecho al uso y a la disposición de la propiedad, en otras palabras, una expropiación sin transferencia de la titularidad de la propiedad”, indicaron. Además advirtieron que “la norma no prevé un supuesto de indemnización al menoscabo del derecho de propiedad de nuestro artículo 17 de la Constitución Argentina”.
“No se trata de un problema de productores o comerciantes monopólicos, ya que la inflación en Argentina, no es un problema de aumento de precios relativos sino de aumentos generales y masivos de precios, con relación a la unidad de cuenta, determinados únicamente por la disminución del valor de la moneda en perjuicio de toda la economía”, argumentaron.
Esta semana el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió con dirigentes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) luego de la negativa de los empresarios a continuar proveyendo a los supermercados para mantener “Cortes Cuidados”, una lista de cortes de carne populares a precios acordados. “Quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne”, señaló el funcionario.
Por su parte, desde Comercio Interior habían calificado a la decisión de los exportadores de “unilateral, intempestiva e irrazonable” y que “implica incurrir en las conductas previstas en el artículo 4 de Ley de Abastecimiento acarreando un impacto grave sobre el normal abastecimiento de los cortes de carne referidos en las bocas de expendio de consumo masivo minoritario”.

Finalmente los exportadores de carne vacuna que forman parte del Consorcio de Exportadores resolvieron dar marcha atrás con la decisión que habían adoptado.
Para los legisladores de la oposición que presentaron el proyecto de derogación, “la aplicación de esta ley (de Abastecimiento) solo llevaría a una disminución de los productos cuyos precios se pretenden imponer por la fuerza, y como consecuencia de ello los aumentos de precios podrían llegar a niveles aún superiores a la inflación, máxime si se procede a clausuras como las estipuladas en la norma, cuyo efecto directo es la reducción de la oferta y por lo tanto la suba de los precios”.
“La ley de abastecimiento es un oxímoron que pretende abastecer productos, pero lo único que consigue es un desabastecimiento generalizado”, concluyeron en el texto ingresado a la Cámara Baja.
La iniciativa fue presentada por los diputados de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz y Luciano Laspina. Fue acompañada sus compañeros de bloque: Silvia Lospennato, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Alejandro Cacace, Rodrigo de Loredo, Danya Tavela, Marcelo Antola y Martín Berhongaray; y también aportaron su firma Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y los dos integrantes de La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel.
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