La fiscal federal Paloma Ochoa pidió la indagatoria del ex ministro de Justicia del macrismo Germán Garavano, del “arrepentido” Alejandro Vandenbroele y del ex responsable del Programa Nacional de Protección a Testigos, Francisco Lagos. En la causa se investiga si el gobierno de Mauricio Macri financió un emprendimiento comercial de Vandenbroele. Se imputan los delitos de defraudación al Estado y abuso de poder.
Según el dictamen presentado ante el juez Julián Ercolini al que accedió Infobae, a Vandenbrole se le entregaron unos $4 millones para instalar un hotel en Mendoza, pero también se le pagaron otros gastos, incluidos abogados para solucionar su situación en la AFIP. La asistencia económica, según la ley, debía haberse extendido solo por seis meses pero en este caso duró más de dos años.
Otra irregularidad que detectó la fiscalía es que se infringieron las normas del Programa de Protección cuando Vandenbroele se ausentó de su casa y le dijo a su custodia que tenía permitido irse solo y no era así. Ochoa sostuvo que sólo por eso el arrepentido debió haber sido expulsado del programa y no se hizo.
Vandenbroele fue el monotributista que resultó la cara visible de la compra de la quebrada imprenta Ciccone Calcográfica, a través de la firma The Old Fund. Por esa causa, fueron condenados a prisión el ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo José María Nuñez Carmona. También se condenó al empresario Nicolás Ciccone, a un ex funcionario de la AFIP y otro de Economía, y al propio Vandenbroele, que recibió una pena de dos años de prisión.
Pero para esa altura, cuando el gobierno de Mauricio Macri ya estaba en el poder, Vandenbroele se había convertido en arrepentido en una segunda causa que investiga el patrimonio de Boudou. Y sus dichos ayudaron a que recibiera la pena más baja en la causa en la que fue preso Boudou. En esas declarciones, Vandenbroele contó detalles de la operación para simular un asesoramiento de la deuda pública de Formosa, por la que fue imputado el gobernador Gildo Insfrán, detalló que siempre tuvo un contacto “ocasional” con Boudou y precisó cómo se buscó, por orden del ex presidente Néstor Kirchner, levantar la quiebra para que Bolt no se quedara con la fabrica de billetes.
Los pagos a Vandenbroele se conocieron durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La filtración de su legajo personal reveló que habría cobrado $1.500.000 para gerenciar una posada en la provincia de Mendoza. En una entrevista con Infobae, Vandenbroele aseguró: “Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”.
Pero la investigación de Ochoa sobre el legajo de Vandenbroele detectó que ese millón y medio de pesos fue solo fue una parte de los fondos que el Estado destinó al imputado-colaborador. Entre esas erogaciones, la fiscal señaló que cuando ya hacía más de un año que Vandenbroele administraba la posada de Mendoza, en diciembre de 2019, Lagos " sin justificación alguna” autorizó el pago de una factura “en concepto de honorarios profesionales a fin de brindar asistencia jurídico contable para regular la situación impositiva del Sr. Alejandro Paul Vandenbroele” y la erogación en tal sentido de nada menos que $200.000 pesos”, por ejemplo. Según las fuentes consultadas por Infobae, el dinero destinado para este arrepentido rondaría los 4 millones de pesos.
“Los traslados de Vandenbroele a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron habituales”, señala la fiscalía. “Tal circunstancia derivó en un gasto de, por ejemplo, seiscientos un mil trescientos noventa y cuatro pesos con sesenta y dos centavos ($601.394,62) por viajes aéreos entre Buenos Aires y Mendoza; doscientos nueve mil doscientos noventa y nueve pesos ($209.299) por gastos efectuados por funcionarios y operadores del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados en concepto de traslados, alojamientos, alimentos, viáticos, etc.; y veintiocho mil pesos ($28.000) por dinero entregado a funcionarios y operadores del Programa en concepto de “compensación por viajes realizados”, precisó. También se registró un traslado del arrepentido “para festejar el año nuevo”.
Cuando estalló el escándalo, el juez Ariel Lijo ordenó abrir una investigación para saber si el gobierno de Macri le había pagado a Vandenbroele por su declaración. La fiscal Ochoa, en su dictamen, no estableció esa conclusión pero sí determinó que existieron irregularidades en el legajo de Vandenbroele que no habían ocurrido en otros casos de personas en las mismas circunstancias.
“Se tiene por acreditado en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación que con motivo del ingreso de ALEJANDRO PAUL VANDENBROELE al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y la consecuente radicación del Legajo N° 753/2017, por orden de GERMÁN CARLOS GARAVANO, entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y FRANCISCO LAGOS, ex Director Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa en infracción al artículo 5º, inciso d), de la Ley 25.764; pese a las causales de expulsión por manifiesto incumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 6º, incisos f), h), i) y j) de la Ley 25.764; y destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación; todo ello en perjuicio de las arcas del Estado”, se sostuvo.
Según el dictamen, “ más precisamente, se acreditó que el día 13 de noviembre de 2017, luego de presentarse en el marco de la causa N° CFP 1999/2012 y sus conexas, ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 y manifestar su deseo de aportar información bajo el instituto previsto en el artículo 41 ter del Código Penal, ALEJANDRO PAUL VANDENBROELE ingresó al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, bajo cuyo resguardo permaneció hasta su salida voluntaria con fecha 28 de febrero de 2020. Durante el periodo señalado, que se extendió por aproximadamente 2 años y 3 meses, las autoridades del Programa dispusieron a su favor distintas medidas especiales de protección, entre las cuales, conforme lo estipula el artículo 5º, inciso d), de la Ley 25.764, se destacó el suministro de “medios económicos” para alojamiento, transporte, alimento, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables”.
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