El oficialismo porteño aprobó este jueves en la Legislatura dos proyectos de ley, impulsados por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, entre los que se encuentra la rezonificación de Costa Salguero y el convenio con el grupo IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca.
La primera iniciativa está vinculada al cambio de estatus jurídico de los predios Costa Salguero y Punta Carrasco, ubicados en la Costanera norte, para habilitar allí la construcción de edificios, y la segunda refiere al acuerdo con IRSA para autorizar el desarrollo de un nuevo barrio en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, ubicado en Costanera sur, el que tendría “torres de lujo”, según la oposición.
Con 36 votos a favor, del oficialismo y aliados; 22 en contra, del Frente de Todos y del Frente de Izquierda, quedó aprobada la rezonificación de Costa Salguero; en tanto que el convenio con IRSA recibió 36 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones.
Ambos proyectos generaron críticas en la oposición y de un sector de la ciudadanía porteña. El rechazo a estos desarrollos urbanos fue una de las banderas del Frente de Todos de los últimos años, y se expresó en dos audiencias públicas donde la mayoría de los disertantes rechazó las propuestas. Desde la oposición, denunciaron el negocio inmobiliario y propusieron la construcción de parques públicos en la totalidad de los terrenos.
La nueva ley permite la construcción en altura en el 22,5% de los terrenos en Costa Salguero. “Sobre esas 30 hectáreas a las que hoy no tenemos ningún tipo de acceso, hoy vamos a recuperar más de 25 hectáreas de parque público. Estamos discutiendo si el parque tendría que ser de 25 hectáreas o de 30. Nosotros estamos convencidos de que la mejor forma de utilizar el espacio público es la mixtura de usos”, explicó el legislador Diego García Vilas, el último orador del oficialismo. La mixtura de usos incluye la instalación de locales gastronómicos y comerciales que “garantizarán la circulación de personas”.
“Se está incentivando una clase de construcción que son viviendas de lujo, y el barrio que está prácticamente al lado, que es Puerto Madero, está en un 50% vacío. Díganme cuál es la utilidad pública de este proyecto” , planteó la diputada del Frente de Todos, Claudia Neira.
“Hoy quedó claro que efectivamente la fuerza de Horacio Rodríguez Larreta es la representación institucional de los grandes especuladores inmobiliarios y de los poderes concentrados que en la Ciudad quieren hacer negocios con las tierras que son públicas”, agregó Lucía Cámpora.
En las bancas del Frente de Izquierda, los legisladores colocaron carteles con la leyenda “CABA se vende” y una foto de Rodríguez Larreta con un martillo de rematador. Mientras que en las bancas del Frente de Todos, en cambio, había carteles similares a los que coloca una famosa cadena de inmobiliarias en las propiedades se comercializan. La cartelería contenía la siguiente leyenda: “Vende. Zona PRO. Larreta remata la Costanera”.
“Recuperar casi 70 hectáreas de tierra que hoy están en manos privadas para la gente es histórico, nunca se había incorporado tanto espacio verde y público de una sola vez”, explicó a Infobae Alváro Garcia Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño.
El Palacio legislativo amaneció rodeado de vallas y custodiado por efectivos de la Policía de la Ciudad. También se movilizaron desde las 10 militantes del Frente de Todos y de las organizaciones que rechazan las propuestas inmobiliarias del gobierno porteño.
Todas estas iniciativas se enmarcan en las leyes de doble lectura, es decir aquellas que, para su aprobación definitiva, deben ser votadas dos veces en el recinto de sesiones, con la realización de una audiencia pública no vinculante entre ambas votaciones.
El Poder Judicial también intervino en la controversia, con dos sentencias que resolvieron la inconstitucionalidad de la ley que habilitó la venta de Costa Salguero, la última a través de un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Los proyectos urbanos impulsados por el oficialismo porteño disponen, junto a la edificación inmobiliaria, la construcción de parques y plazas públicas, junto a la obligación de que los empresarios paguen al Estado porteño una compensación económica. Esas partidas irán a un Fondo de Desarrollo Urbano Sustentable que financiará la reconversión de la zona de oficinas del microcentro porteño afectada por la pandemia.
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