El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quedó a cargo de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la sede de la AMIA que depende de esa cartera. Ese área había perdido influencia durante el gobierno de Mauricio Macri. A través de la Resolución 537/2021 del Ministerio de Justicia, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que la Unidad Especial de Investigación esté bajo la órbita de Martín Soria, es decir, que queda bajo la competencia directa del jefe de la cartera. Hace poco más de dos semanas, se cumplieron 27 años del ataque terrorista que mató a 85 personas y dejó a cientos de heridos.
En los fundamentos de la medida, el ministro recordó que el Decreto 229 del 1° de marzo de 2006, dispuso la ampliación de los cometidos de la referida Unidad Especial de Investigación, a la que se le encomendó “el impulso de las pesquisas sobre las irregularidades cometidas en el curso de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA”.
El texto señala una crítica abierta a la gestión de Mauricio Macri. Según señala el decreto, durante el gobierno anterior “bajo el pretexto de fortalecer y jerarquizar la citada Unidad Especial” se dispuso que quedase a cargo de un funcionario con rango y jerarquía de Secretario, con intervención en el Ministerio de Justicia. El ex senador de la UCR, Mario Cimadevilla, fue el último en ocupar ese rol.
Soria indicó en la resolución que la desconcentración de acciones de la unidad “atenta” contra sus objetivos, ya que debe contar con todas las herramientas y recursos necesarios para cumplimentar no solo los compromisos asumidos internacionalmente, sino también para llevar adelante “acciones concretas y efectivas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados”.
En esa línea, el ministro de Justicia buscará “impulsar las medidas correspondientes para readecuar la estructura organizativa” para que la Unidad AMIA retome “toda acción u objetivo que actualmente se halle asignado a otra dependencia de esta jurisdicción”, señala la resolución gubernamental.
La investigación judicial está a cargo de la UFI AMIA, una unidad fiscal que fue creada septiembre de 2004 para intervenir en la investigación del atentado tras el juicio oral contra la llamada “conexión local” que terminó con todos los acusados absueltos. El fiscal Alberto Nisman fue la cara visible de la UFI AMIA hasta que apareció muerto en el baño de su departamento en enero de 2015.
No obstante, a la luz de las distintas irregularidades que se descubrieron en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA y que llevó al Estado argentino a reconocer su responsabilidad su responsabilidad en los hechos tras una demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Ejecutivo ya había creado una unidad destinada a colaborar con la investigación que pasó a formar parte de la la órbita del Ministerio de Justicia: la Unidad Especial de Investigación.
En la gestión Cambiemos ese cargo fue ocupado por el ex senador radical Mario Cimadevilla, que terminó alejándose en medio de una polémica con la conducción del Ministerio por las acusaciones en el juicio oral por el encubrimiento del atentado. Según Cimadevilla se buscó beneficiar a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, como a Jorge “Fino” Palacios.
El 2 de marzo de 2018, Mauricio Macri decretó la supresión de ese cargo extraescalafonario “quedando diseminados -a partir de entonces- los cometidos de la aludida Unidad Especial en distintas dependencias de esta cartera de Estado”.
Esa decisión fue tomada después que Cimadevilla mantuvo fuertes críticas y diferencias con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. En su presentación en el Congreso, el dirigente radical recordó que a pesar de que su unidad fue creada por decreto para acelerar la investigación del atentado, su tarea fue “entorpecida” por el ex ministro de Justicia. “No había ningún interés en aportar a la investigación del atentado y si un interés muy marcado en que algunos responsables del encubrimiento fueran absueltos”, dijo en su descargo Cimadevilla ante el Poder Legislativo.
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