El Banco Mundial trabaja con el Gobierno para financiar la compra de vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS

A medida que avanza el plan de vacunación en todo el país y llegan cada vez más dosis para inocular a los grupos etarios menores de 40 años, el Banco Mundial confirmó que está trabajando con el gobierno de Alberto Fernández en un acuerdo para agilizar la compra de vacunas contra el COVID-19.

La noticia fue confirmada por un vocero de Banco Mundial, que participó de una primera reunión en Buenos Aires, a la agencia internacional de noticias Bloomberg.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de dosis y el tipo de vacunas que serán financiadas. Lo único que trascendió es que el Banco Mundial emitió un listado con los requerimientos para elección de las vacunas, las cuales deben estar aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Caso contrario, no será financiada la compra.

Según esa misma agencia de noticias, las autoridades del Ministerio de Salud la Nación mantuvieron una reunión con los representantes del Laboratorio Moderna el 30 de junio para discutir los aspectos legales de un eventual contrato y la distribución de las vacunas.

Fuentes del Banco Mundial precisaron que “aceptarán como umbral para la elegibilidad de los recursos del BIRF/IDA en la adquisición y/o despliegue de la vacuna COVID-19 en todos los proyectos financiados que la vacuna haya recibido una licencia o autorización regular o de uso de emergencia de al menos una de las SRA identificadas por la OMS para las vacunas adquiridas y/o suministradas en el marco del Mecanismo COVAX, según las modificaciones que pueda introducir la OMS en cada momento; o que la vacuna haya recibido la Precalificación o la Lista de Uso de Emergencia de la OMS”.

Hasta el momento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no dio la aprobación para el uso de emergencia de la vacuna Moderna. Solo fueron permitidas en el país la Sputnik V, la Synopharm y AstraZeneca.

La vacuna de Moderna tiene dos dosis y según el último informe divulgado por el laboratorio que la fabrica previno más del 90% de los casos de COVID-19, un poco más bajo que la tasa de eficacia del 94,1% anunciada cuando la fórmula fue aprobada para uso de emergencia en Estados Unidos para su uso en diciembre.

Si bien la vacuna de Moderna tiene aproximadamente el mismo nivel de eficacia que la vacuna Pfizer-BioNTech, de acuerdo a un informe de la FDA, también hay evidencia de que una sola dosis de la de Moderna puede detener la propagación del virus.

Ahora, el laboratorio Moderna se encuentran probando la vacuna entre los menores de edad. “El equipo de Moderna continúa logrando importantes avances con nuestra vacuna contra el COVID-19. Esperamos tener los datos clínicos de nuestros candidatos de refuerzo específicos para variantes, así como los datos clínicos del estudio de fase 2/3 de nuestra vacuna COVID-19 en adolescentes “, dijo Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

La noticia sobre el posible acuerdo con el Banco Mundial se conoció después de que el gobierno admitiera que están avanzando las negociaciones con laboratorios estadounidenses y que en breve podría sacar un DNU para respaldar esa compra.

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, recibió una orden expresa del presidente Alberto Fernández en ese sentido: sin perder soberanía legal, debía cerrar el acuerdo con las compañías.

La clave jurídica de la negociación emprendida por Ibarra está en una palabra técnica del artículo 4 de la Ley de Vacunas. Ese artículo establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de incorporar en los contratos con proveedores públicos y privados “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

Negligencia es la palabra que trabó la firma del contrato entre el Estado Nacional y Pfizer. Este empresa ya firmó acuerdos comerciales con 116 países, y ese concepto jurídico no aparece en ninguno de los convenios comerciales entre la empresa de los Estados Unidos y sus clientes soberanos alrededor del planeta.

Pfizer propuso superar el escollo legal a través del deposito oficial de una garantía millonaria en dólares en la sucursal del Banco Nación en New York. Alberto Fernández e Ibarra dijeron que no.

Y a continuación, Pfizer, Moderna y Johnson plantearon una serie de interpretaciones jurídicas que Ibarra fue puliendo con sus visitas constantes al despacho presidencial de Balcarce 50 o de la quinta de Olivos.

Pfizer, Moderna y Johnson ya aceptaron los términos del último borrador puesto a consideración por el Gobierno. Y después de la promulgación del DNU, lo único que faltaría es la firma de los contratos entre el Poder Ejecutivo y las compañías radicadas en los Estados Unidos.

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