Víctor Hortel, el creador de “Vatayón Militante”, procesado por comprar un barco “inútil” para que presos salieran a pescar

Víctor Hortel, el ex director del Servicio Penitenciario Federal durante la última etapa del kirchnerismo, creador del movimiento “Vatayón Militante” que organizaba salidas de presos y murgas en los penales, ex defensor de Lázaro Báez y convocado por el Gobierno de Alberto Fernández para el “Plan Argentina contra el Hambre”, quedó complicado en la Justicia. La Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por administración fraudulenta por haber comprado un barco “inútil” para que los presos salieran a pescar y procesaran langostinos en el sur del país. Ni siquiera habían evaluado que no tenían permiso de pesca.

El procesamiento había sido firmado en octubre pasado por la jueza María Servini. Ahora, los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron esa decisión. “La adquisición del barco fue un gasto inútil” porque el proyecto era desde el inicio “inviable”, sostuvieron.

“Sólo se conoce que el barco nunca salió a navegar por ausencia de permiso -tampoco podría tenerlo ahora, atendiendo al estado en que fue hallado-, la planta procesadora nunca estuvo operativa -sólo se utilizó los días que duró la capacitación de seis internos en el procesamiento de langostinos- y el camión refrigerante fue dispuesto para el transporte de residuos”, se advirtió.

En minoría, el juez Roberto Boico –ex abogado de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán y recién llegado, por concurso, a Comodoro Py- se diferenció del voto de sus colegas: dijo que no había suficientes pruebas en su contra y se pronunció por una falta de mérito.

Todo se remonta a 2011, cuando el Astillero Emprendimiento Río Chubut S.A. de Rawson construyó por pedido del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE) un barco artesanal de 9,90 metros de eslora. La intención era que la embarcación sirviera a los presos de la Unidad 6, de la penitenciaría de máxima seguridad de Rawson, salieran a pescar en un proyecto de resocialización.

El barco tenía que ser pintado con los colores azul y blanco y bautizada Néstor Kirchner, aunque por cuestiones normativas solo podía ser pintado de naranja. Finalmente se terminó llamando Virgen del Carmen II. Los detenidos recolectarían en las aguas del sur argentino langostinos, que luego serían procesados en los talleres del penal. Para eso se compró además un camión con equipo de frio a metros de las instalaciones de la unidad penitenciaria.

Pero el proyecto del barco de los presos quedó en la nada: el 16 de enero de 2013 el Consejo Federal Pesquero rechazó por unanimidad la solicitud de un “permiso de pesca” realizado por el entonces director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. Desde el 2000 no se otorgaban nuevos permisos de pesca.

La inversión implicó un gasto al Estado de $4.013.356, decía la denuncia que dio origen a la investigación penal. Tampoco se entendió cómo presos de una unidad de máxima seguridad se irían a la deriva del penal. La idea era elegir a 25 presos a los que cuales se les enseñarían cómo ser marineros.

“En todo ello, además, se pasó por alto un obstáculo insalvable: el régimen de progresividad de la pena establecido en la Ley 24.660 establece supuestos muy acotados en que los internos pueden egresar de la Unidad con fines laborales”, dijo la Cámara. Entre 2011 y 2013 sólo dos internos se encontraban transitando “el período de prueba y semilibertad en condiciones de trabajo extramuros” para poder subirse al barco, dijeron Irurzun y Farah. Pero además, se añadió, tampoco estaban claras “las medidas de seguridad en altamar, el costo que hubiere demandado, las habilitaciones laborales que debían obtener los internos y el personal del servicio penitenciario, entre otras cuestiones”.

Es que se trató de “una operatoria que involucró una importante cantidad de fondos públicos que fueron dispuestos dejando de lado expresas disposiciones legales y reglamentarias, sin una previa evaluación sobre la factibilidad integral del proyecto y, por ende, sobre la utilidad del gasto, todo lo cual redundó en un evidente perjuicio a la administración pública”.

Según consta en la causa, el entonces Director de la Unidad N° 6, Gumercindo Gómez, advirtió esta situación pero Hortel y Fernando Adrián Suppa (tesorero y luego vicepresidente del EnCoPe-) lo habrían increpado por “meterse” en cuestiones que ellos manejaban y le habrían reprochado que “evidentemente no era parte del proyecto político nacional y popular”. Gómez terminó apartado de ese cargo.

“Vatayón Militante” hacía política. Su existencia se conoció en 2012, cuando se supo que desde la cárcel se organizaban actos culturales y políticos con presos condenados para que salieran extramuros. Eduardo Arturo Vázquez, baterista de Callejeros, era uno de esos detenidos. Fue a un acto cultural en San Telmo apenas diez días después de haber sido condenado a 18 años de prisión por haber rociado y prendido fuego a su pareja Wanda Taddei, en una casa del barrio de Mataderos.

Al evaluar la causa, la jueza Servini afirmó: “A no olvidarlo, en el faraónico proyecto investigado se dilapidaron $1.768.000, en un barco pesquero; $ 980.000 para construir una planta de mariscos $ 604.678 para comprar un camión; $579.997,63. Para comprar equipamiento de pesca y $ 58.833,00 en un seguro de barco...y todo ello, a cifras del año 2011 y 2012 y sin contar los gastos fijos que aún día deben seguir siendo abonados a pesar de que la embarcación no puede navegar. El perjuicio económico (…) es palpable”.

Hortel negó haber cometido delitos. Se justificó diciendo que se trataba de un “proyecto estratégico” para el Ministerio de Justicia, que había nacido en la subsecretaría de Planificación Estratégica de la cartera. Y aseguró que, aunque no hubiese averiguado previamente cómo conseguir una licencia de pesca, igual se hubiera podido gestionar si se las transferían otros barcos que no las estaban usando.

En su defensa, sostuvo que no se había beneficiado económicamente, ni que había buscado tampoco beneficiar indebidamente a otra persona. Además afirmó que lo estaban culpando por el “estado de abandono y deterioro” del barco y el camión, cuando en realidad eso era responsabilidad de los que lo sucedieron.

Incluso habló de “aleccionamiento de ciertos testimonios de la causa a fin de direccionar la presente pesquisa hacia irregularidades contractuales”. Así Hortel apuntó como el “promotor auténtico de la denuncia” al ex director del SPF durante el macrismo, Emiliano Blanco, a quien acusó por su procesamiento en la causa del espionaje ilegal en las cárceles.

El dato fue destacado en el voto de Boico, quien aclaró que “sus comportamientos con otros investigados en causas judiciales extrañas al objeto de ésta” no iban a ser analizados en esta investigación. A criterio de Boico, “no lucen irrazonables las pretensiones probatorias exigidas por la defensa (de Hortel) tendientes a fijar la calidad de ‘estratégico’ que tuvo el proyecto para las autoridades políticas de la cartera de justicia de aquel entonces”.

Pero Irurzun y Farah afirmaron: “Fue Hortel quien, por fuera de toda lógica y razonabilidad y contra toda opinión en contrario -no vinculada a la cuestión política sino a los aspectos elementales del proyecto, como por ejemplo la selección del color de la embarcación a soslayo de la reglamentación vigente en punto a la seguridad en la navegación- decidió igualmente seguir adelante removiendo cualquier obstáculo -o persona- que le dificultara su concreción Y a diferencia de lo alegado en su defensa, fue consecuencia de la precariedad e improvisación que signó la falsa quimera la que determinó su fatal destino”

El fallo también confirmó el procesamiento del tesorero del EnCoPe Fernando Suppa, pero revocó el del titular del organismo de ese entonces Jorge William Gomez por falta de pruebas. A la jueza se le encomendó profundizar la investigación “con miras a dilucidar” los puntos pendientes que faltan.

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