El Gobierno suspendió hasta el 31 de diciembre de este año todas las causas de caducidad de los partidos políticos, debido a las complicaciones generadas por la pandemia de coronavirus. La medida fue anunciada en el Decreto 362/2021, publicado en el suplemento del Boletín Oficial del viernes.
La normativa, firmada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, establece que durante este tiempo no se aplicarán las sanciones previstas por la ley para aquellos espacios que no puedan celebrar elecciones internas o mantener una afiliación mínima.
De esta manera, las agrupaciones que no renovaron a sus autoridades en el transcurso del 2020, podrán continuar funcionando durante el 2021 “manteniendo la gestión y administración” actual de cada una de ellas.
Este beneficio “no será aplicable a los partidos políticos respecto de los cuales se halle en marcha un proceso electoral interno”, los cuales deberán continuar con ese proceso “hasta su efectiva realización”, excepto que el mismo se vea interrumpido “por nuevas medidas de alcance general que tomen las autoridades competentes en el marco de la evolución de las circunstancias sanitarias”.
También se suspendió la aplicación de la multa prevista por el incumplimiento de las obligaciones de destinar el 20% de lo que reciban en concepto de aporte anual para formación de dirigentes e investigación.
En ese sentido, la ley detalla que los partidos estarán autorizados a reasignar ese dinero no utilizado durante el año pasado para “incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar las capacitaciones de manera digital”.
El Decreto en cuestión promulga una ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados a mediados de mayo pasado, en una sesión especial junto con el dictamen del proyecto que buscaba postergar las elecciones primarias y generales, el cual también terminó siendo sancionado más tarde.
Básicamente, la iniciativa planteó la no aplicación durante el 2021 de varios artículos de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la cual establece que son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos la no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro años y la no mantención de la afiliación mínima (un número no inferior al cuatro por mil del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón).
Esta medida no es menor, ya que se tomó a pocas semanas de que comience la campaña de cara a las elecciones de medio término, en las que se renovarán 24 senadores nacionales y 127 diputados, por lo que es un salvataje para algunas agrupaciones, sobre todos las más pequeñas, que no pudieron cumplir con los requisitos que antes se les exigía para mantener la personería.
Del total de bancas en juego en la Cámara baja, 60 pertenecen a Juntos por el Cambio, y 51 al Frente de Todos. El oficialismo tiene entonces un panorama más favorable, ya que arriesga solo 51 de los 119 legisladores de su bloque, lo que le permitiría alcanzar quórum propio si realiza una elección parecida a la del 2019 y consigue 129 representantes propios.
Por su parte, la coalición opositora pone en juego 60 bancas de las 115 que tiene en Diputados. De esas 115 bancas, al PRO juega 26 de sus 53 escaños, la UCR 26 de 46 y la Coalición Cívica 7 de sus 14 miembros. En tanto, el Frente Cívico y Social revalida uno solo.
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