Mientras Fabián Rodríguez Simón, el ex asesor judicial del ex presidente Mauricio Macri, permanece en Uruguay buscando que se le otorgue la condición de refugiado político, la jueza federal María Servini, que pidió su captura internacional, avanza en la investigación en la que está imputado y escuchará en los próximos días como testigo a la ex procuradora General Alejandra Gils Carbó y al fiscal De Vedia, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
La jueza resolvió hacer lugar a un pedido de la querella del empresario Fabián De Sousa, a cargo de Carlos Beraldi, que solicitó avanzar con la pista para saber si hubo presiones por parte de “Pepín” Rodríguez Simón para buscar la salida de Gils Carbó de la Procuración General de la Nación, cargo al que había llegado en épocas de Cristina Kirchner y en donde permaneció hasta fines de 2017, cuando presentó su renuncia tras ser procesada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A Gils Carbó se la acusó por irregularidades en la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la procuración: por el inmueble se pagaron $43.000.000 de pesos y se abonaron comisiones millonarias que rondaron los $10.700.00 millones. Parte de ese dinero fue a parar a los bolsillos del medio hermano de uno de los funcionarios que participó en la operación. Su causa estaba a punto de ser elevada a juicio, hasta que las esquirlas del caso contra “Pepín” Rodríguez Simón la llevaron a pedir la nulidad de su causa.
Todo versa sobre las declaraciones que hizo a fines de marzo el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia, cuando aseguró que Rodríguez Simón habría jugado un factor clave para remover a la procuradora Gils Carbó. De Vedia, primo de la ex mujer de “Pepín”, contó que se había reunido con Rodríguez Simón para pedirle que acabara “la persecución” contra su entonces jefa y el abogado macrista le respondió que eso ocurriría si le traía la renuncia y que, de lo contrario, la meterían presa a ella y a sus hijas.
Ahora, la jueza Servini decidió citar a testimonial a De Vedia -que por su condición de fiscal puede declarar por escrito-, pero también a Gils Carbó, señalaron fuentes judiciales. La querella de De Sousa también pidió convocar como testigo al presidente Alberto Fernández, pero hasta ahora no se tomó sobre ello ningún temperamento. El pedido se enmarcaba en una declaración del jefe de Estado en donde aseguró que había ido a ver a Ercolini por el tema Gils Carbó y el magistrado le habría dicho “tengo que procesarla”.
En una entrevista, desde Uruguay, Rodríguez Simón desmintió haber intervenido en la salida de Gils Carbó. “Nunca la vi. No tenía la menor idea de quién era”, señaló y apuntó contra el fiscal De Vedia al describirlo como “una persona que tiene problemas mentales” con “un resentimiento feroz y cuatro años después salió a decir cualquier cosa”. “Soy un chivo expiatorio bastante útil para algunos que están también tratando de ocultar canalladas que habrán cometido. Lo de Gils Carbó es un disparate”, añadió.
La jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuan investiga la denuncia que radicó el empresario De Sousa cuando aún estaba detenido. Allí De Sousa acusó al ex presidente Mauricio Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió desapoderarlo de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en connivencia con la justicia para encarcelarlo. El fiscal Marijuan dio curso a la investigación y ordenó recolectar testimonios y pruebas. También pidió cruces de las llamadas telefónicas.
El ex operador judicial estaba citado a indagatoria para el próximo 17 de junio, pero el abogado anunció hace una semana su decisión de no volver al país. Hizo público que se había acogido al régimen de Asilo como Refugiado Político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
En la última semana también presentó un habeas corpus ante la justicia uruguaya para bloquear la orden de captura que libró Servini apenas se enteró que el abogado no regresaría. El sábado pasado, el juez Marcelo Malvar desestimó el pedido por cuestiones formales dado que Interpol Uruguay no recibió aún ningún pedido de detención contra Rodríguez Simón. En el mismo fallo se reconoció el derecho de Rodríguez Simón de ser protegido en sus garantías individuales, en especial en lo que concierne a su integridad física y libertad, según lo establecen las normas internacionales y nacionales.
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