Legisladores de la oposición, ex funcionarios, juristas, y periodistas argentinos alertaron sobre los últimos avances del Gobierno sobre el Poder Judicial en un foro organizado por el Interamerican Institute for Democracy (IID), una entidad con sede en Miami dedicada a promover los valores de libertad, derechos humanos, democracia e institucionalidad en las Américas.
La introducción estuvo a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo de la entidad, quien explicó que el objetivo del foro fue “presentarle a la opinión pública un escenario de lo que está sucediendo en la Argentina”. “De la mano de Alberto Fernández se busca consolidar el poder total, cuando cae el Poder Judicial la dictadura está consolidada”, alertó.
La primera expositora fue la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, quien opinó que la reforma judicial, lanzada por el Gobierno en medio de la pandemia y luego frenada en el Congreso por falta de consenso, “es inoportuna en medio de la pandemia y sólo reforma la composición de la justicia federal”. “Lo que está pidiendo la gente no es una reforma judicial sino Justicia”, sostuvo. Y agregó: “El kirchnerismo siempre quiso cooptar el Poder Judicial para garantizar la impunidad”.
En el mismo foro, denominado “La lucha por el Poder Judicial en Argentina”, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay opinó que “desde el primer día hubo un trabajo (del Gobierno) para garantizar la impunidad de la vicepresidenta (Cristina Kirchner)”.
El experto destacó que la Corte Suprema “demostró que no está dispuesta a frenar los procesos” y lamentó los intentos de distintos abogados defensores de ex funcionarios por declarar inconstitucional la ley del arrepentido, que finalmente fue confirmada por la Cámara de Casación.
Por último, Sabsay cuestionó la maniobra del kirchnerismo desde el Congreso, cuando activó cambios en el Código Procesal Penal Federal, según la ley sancionada en el año 2014, que establecen que las penas sólo podrán aplicarse una vez que se agoten todas las instancias judiciales, es decir que la Corte las ratifique. La Comisión Bicameral que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti, activó seis artículos para ser aplicados en casos de delitos federales, como la corrupción, el narcotráfico y la trata, y en los distritos donde ya se instrumenta esta nueva legislación.
“Hay una revisión de la idea de sentencia firme. Lo novedoso es que la sentencia de la Corte puede ser revisada por la Corte Interamericana y por miembros de la Cámara de Casación, lo que viola el orden de prelación de las jurisdicciones y desconoce el carácter supremo de la Corte”, sostuvo.
A su turno, la ex vice de la Unidad de Información Financiera, Maria Eugenia Talerico, destacó que “hay un plan de impunidad” en marcha y criticó la reforma judicial aprobada en el Senado: “Es un bleff, una expansión de jueces (por todo el país) que no tiene ningún sentido”.
Sobre la hora, el kirchnerismo sumó un total de 500 cargos. Se agregaron diez juzgados federales (4 en la provincia de Buenos Aires, dos en Corrientes, 1 en Santa Fe y 3 en Chaco), fiscalías de primera instancia en el interior del país, cuatro salas en General Roca, La Pampa, La Rioja y La Matanza, y 13 nuevas secretarías en materia de protección de los consumidores y usuarios, del medio ambiente y de procesos colectivos, entre otras cosas.
Para Talerico, “el plan de tomar al Poder Judicial tiene una intención superior”. “El fin de la división de los poderes es menos democracia y menos República, van a atacar la libertad de prensa, van a confrontar a los sectores productivos, van a tomar empresas publicas estrategias”, lamentó.
Claudio Savoia, periodista y editor del diario Clarín, hizo hincapié en el “ataque permanente sobre la prensa independiente y la conformación de medios oficialistas”. Ante ese escenario, sostuvo que “los periodistas deben informar con precisión” y tratar de explicar que las cosas “no son como el Gobierno y sus fanáticos opinan”. “Ante el pedido de indultos y amnistía, hay que levantar una pared para que eso no ocurra”, finalizó.
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