Juntos por el Cambio y otros actores sociales publicaron este sábado por la mañana una solicitada en la que advierten sobre la degradación democrática en la provincia de Formosa a raíz de las denuncias realizadas por la violación de los derechos humanos en medio de la pandemia.
“Pone al Gobierno, ante los ojos del mundo, al borde del precipicio autoritario”, sostiene el documento firmado -entre otros- por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Las críticas de la oposición se producen luego de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, asegurara que “es casi un chiste decir que en Formosa hay centros clandestinos de detención”, en referencia a los supuestos maltratos que recibe la gente que debe aislarse de manera de preventiva o por tener COVID-19 en los centros sanitarios oficiales.
“Avalar con el silencio actos de discriminación, violencia y arbitrariedad como los que están sucediendo en Formosa pone al gobierno, ante los ojos del mundo, al borde del precipicio autoritario”, resaltaron los firmantes; entre los que también figuran intelectuales, artistas y políticos de otros partidos.
![El secretario de Derechos Humanos](https://www.infobae.com/resizer/v2/SH7YIBMXGVETTANUYHPBY2TA5U.jpg?auth=6076f00a4efb8ad9e213895932f3d9c065a55468e6172b743e61302f70d9161d&smart=true&width=350&height=197&quality=85)
Mientras avanza en la Justicia Federal el tratamiento de otro habeas corpus colectivo y correctivo presentado por el concejal formoseño Miguel Alfredo Montoya, sectores de la política, la cultura y la educación manifestaron su repudio a lo que está sucediendo en esa provincia.
“Quienes participamos de la cultura de la paz, el trabajo, la educación, la libertad, la igualdad de oportunidades, los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho tenemos la obligación de rechazar todo avasallamiento que los afecte o lesione”, señalaron.
Para ellos, “permitir que se violen impunemente los derechos humanos atrasa” ya que “trae recuerdos de un país sin retorno que los argentinos nos juramentamos dejar definitivamente atrás en 1983″.
En su presentación ante la justicia, el concejal Montoya afirmó que las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno de la provincia de Formosa provocan la convivencia en un mismo espacio físico entre personas contagiadas del virus COVID-19 (con o sin síntomas), personas con casos sospechosos sin diagnóstico definitivo, personas que tuvieron contacto estrecho con algún contagiado y personas que ingresaron a la provincia de Formosa y deben cumplir aislamiento -estos últimos, incluso con test PCR negativo.
![El estadio Cincuentenario, donde funciona](https://www.infobae.com/resizer/v2/ZHKYQAZEHJHD7HE75T73LSTJXA.jpg?auth=572bb527c8e8b82647d3a5aa734380b511ff7a8f0153712d75ddf8ff1229180e&smart=true&width=350&height=197&quality=85)
Además, denunció que en tales centros de aislamiento no se respetan mínimamente las condiciones de privacidad, intimidad e higiene, ni las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Y que las personas aisladas -incluso menores de edad- comparten el mismo baño y son retenidas en sitios con divisiones precarias y en condiciones de hacinamiento, sin respetar distanciamiento y sin ventilación ni refrigeración suficiente.
Frente a este panorama, los firmante de la solicitada hicieron un llamado de atención tanto al gobierno nacional como al provincial: “Que no confundan barbijo con bozal ni desesperación por vacunarse con vacunas adquiridas a cualquier precio, sin transparencia y desprovistas de especificaciones técnicas suficientes”.
También sostienen que lo sucedido “en el feudo de Gildo Insfrán” durante este mes; y a lo largo de 2020 en distritos como Santiago del Estero, San Luis, Tucumán y Buenos Aires; “demuestran a las claras que esta bandera es, paradójicamente, una ficción, puro relato”.
Para tratar de ponerle fin a la “degradación democrática” que padecen los formoseños, los firmantes dijeron que usarán “todos los recursos constitucionales para que ni Formosa ni Argentina den un paso atrás en el ejercicio pleno de los derechos humanos y las garantías para su ejercicio”.
La publicación de la solicitada, que fue una iniciativa de Patricia Bullrich, tuvo el apoyo del cinesta Juan José Campanella, el bailarín Maximiliano Guerra, el actor Alfredo Casero, el escritor Federico Andahazi y la científica Sandra Pitta, entre otros.
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