Alberto Fernández apuesta a preservar el diálogo con la Iglesia pese a haber enviado el proyecto del aborto a Diputados

Por encima de las profundas diferencias entre el Gobierno y la Iglesia por el proyecto de ley de legalización del aborto que este martes anunció Alberto Fernández, el Presidente encomendó a sus funcionarios preservar el “diálogo institucional” con la cúpula religiosa para evitar un enfrentamiento de “celestes” y “verdes” que divida aún más a la sociedad.

El Gobierno explica que la ley de legalización del aborto está al margen de cuestiones religiosas, y que su objetivo institucional es la “salud pública”. Así lo dejó marcado el mismo Alberto Fernández en su anuncio cuando sostuvo: “Mi convicción es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en su proyecto de maternidad, pero también es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo”.

Si bien el jefe de Estado no comunicó con antelación a los máximos referentes de la Iglesia católica o a los evangélicos que iba a anunciar el envío del proyecto de ley, y para muchos fue una sorpresa por el momento de pandemia que vive la Argentina, lo cierto es que también ordenó mantener una línea de diálogo con las autoridades eclesiásticas.

El tema se habló entre Alberto Fernández y el Papa en enero pasado cuando el presidente argentino visitó el Vaticano. Luego se mencionó abiertamente en una reunión que allí mantuvo el jefe de Estado con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín. En ambas reuniones Alberto Fernández dejó planteado que no iba a cortar las relaciones con la Iglesia por presentar un proyecto de ley de legalización del aborto que entendía se trata de un tema de salud pública.

De hecho, en la Casa Rosada destacaron a Infobae que hubo varias señales de distensión hacia la cúpula eclesiástica resumidas en tres ejes: incorporar en el proyecto la objeción de conciencia, apuntalar los comedores escolares de las iglesias y habilitar a los funcionarios para participar de festividades eclesiásticas preparadas por las autoridades religiosas.

El artículo 10 del proyecto contempla la “objeción de conciencia”. Este era un pedido puntual de muchos sectores de la Iglesia relacionados con la salud. Al atender ese pedido concreto, el Gobierno redactó en ese párrafo de la iniciativa oficial que “el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia”.

Así, detalla que el médico que se ampare en este artículo debe “mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”. Aunque también el texto señala que “el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable”. Y no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post aborto.

Los interlocutores

Los tres pilares que tiene el Gobierno para encarar ese “diálogo institucional” con la Iglesia son el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri. Y los tres dialogaron en las últimas horas con referentes de la Iglesia católica para sustentar la continuidad del diálogo pese a las diferencias abismales en el tema aborto y explicarles nuevamente que la iniciativa oficial está enmarcada en una política sanitaria.

La decisión de no romper lanzas con la Iglesia es tan firme por el lado de la Casa Rosada que ayer el secretario de Culto aceptó una invitación del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, para sumarse a una celebración por el Día de la Libertad de Religiones que fija las Naciones Unidas y que se celebrará en la Catedral metropolitana el 25 de noviembre próximo.

Se tratará de un encuentro interreligioso que preparó la Iglesia católica con otros credos y donde Oliveri ya confirmó su presencia en nombre del Gobierno. Será el primer gesto de la Casa Rosada hacia la Iglesia de que el tema del aborto debe quedar ahora enmarcado en el debate del Congreso y ser evaluado como un tema de salud pública.

Es cierto que en la Iglesia católica hay un fuerte malestar por el anuncio del Gobierno por la ley del aborto y que en el último mensaje que ofreció la Conferencia Episcopal sobre el tema fue muy duro. El 22 de octubre pasado la Iglesia argentina criticó el inminente tratamiento parlamentario del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y alertó de que “no cuidar todas las vidas sería una falta gravísima del Estado”. Los obispos llamaron además a la “prudencia política para no desalentar la unidad” en estos momentos de pandemia. Después de ese mensaje no se volvió a tocar el tema.

Sin embargo, la tensión se concentra sobre la discusión del aborto y se deja al margen del trabajo conjunto que hace el Gobierno y la Iglesia para sostener la ayuda a los barrios más carenciados de la Argentina.

En este sentido, tanto Cafiero como el ministro Arroyo aseguraron a la Iglesia católica y a los Evangélicos que el Estado reforzará la ayuda en los comedores escolares y merenderos que atienden los curas en las villas. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social contempla para estos días un desembolso de 1.000 millones de pesos extrapresupuestarios para enviar comida a los comedores y prepara la entrega de 1,7 millón de cajas navideñas para fin de año. Nada de este reparto y asistencia social se podrá hacer sin la ayuda de los sacerdotes y voluntarios ligados a las iglesias.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina explicaron que no habrá un nuevo mensaje de la Iglesia al Gobierno sobre la posición ya conocida del Papa y el resto de la feligresía sobre el aborto. Se espera ahora el encuentro de fin de año para los saludos navideños en la Casa Rosada entre el Presidente y la cúpula de la Iglesia. Un acto protocolar al margen de las diferencias –obvias– entre el Estado y la Iglesia.

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