Dolores Etchevehere se abstuvo de declarar en una breve audiencia desarrollada este viernes por la mañana. Una de las dos acusadas de haber usurpado la estancia Casa Nueva hizo valer su derecho a no hablar en el marco de la defensa técnica que ahora tiene al abogado Patricio Cozzi como integrante del equipo de letrados.
La decisión se comunicó ante los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa quienes leyeron la imputación que recae sobre Dolores Etchevehere y el abogado del Proyecto Artigas, Facundo Taboada, ambos acusados de haber infringido el artículo 181 del Código Penal de la Nación.
La audiencia se desarrolló por videoconferencia debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19 y comenzó pasadas las 9 de la mañana. La decisión de Dolores Etchevehere había sido adelantada a la prensa por el propio Taboada más temprano, quien también comunicó que hará lo mismo en la audiencia programada para el próximo lunes a las 9 de la mañana.
Así lo confirmó en declaraciones a la radio De la Plaza -de Paraná- en donde calificó la causa como “una ridiculez” y agregó: “Es una causa armada como armaron durante toda la historia los estancieros forzando a los caseros y a la gente que más necesita”.
“Lo armaron con tres declaraciones falsas de dos caseros y un co-administrador del campo que es del riñón de los Etchevehere. Con eso le estuvieron dando instrucciones al fiscal todo el tiempo para que hiciera lo que ellos querían que era instalar en los medios un relato falso que plantea que Las Margaritas SA no tienen relación con la sucesión cuando todo Entre Ríos sabe perfectamente que la fundó el abuelo de Dolores y, de hecho, es un bien propio”, explicó Taboada.
La causa se originó tras la decisión de Dolores Etchevehere de ingresar junto a unos 40 militantes del Proyecto Artigas al casco principal de la estancia Casa Nueva ubicada a un kilómetro y medio del ingreso a la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz en la provincia de Entre Ríos.
Los militantes estuvieron desde el 15 de octubre en el campo hasta que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná dispuso el desalojo -casi dos semanas después al ingreso- basándose en el artículo 75 del Código Procesal Penal entrerriano que establece que ante una posible comisión del delito de desalojo, se debe volver todo al estado anterior a la medida cautelar presentada por los abogados del ex ministro Luis Miguel Etchevhere, sus hermanos Juan Diego y Sebastián Arturo y su madre Leonor Barbero Marcial.
La acusación formal del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos alcanza sólo a Dolores Etchevehere y Facundo Taboada, ya que desistieron de acusar al resto de los que durmieron en la estancia por no contar con pruebas que permitan considerarlos responsables del delito que se investiga en esta instancia. Para los fiscales, Dolores Etchevhere y Taboada ingresaron a la estancia mediando engaño y violencia, algo que niegan desde la defensa.
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) continuará con el objetivo de avanzar en la recolección de pruebas para luego elevar la causa a juicio oral. Mientras tanto, en paralelo hay otras causas vinculadas al conflicto familiar: una por presunta estafa que tramita desde 2011 cuando Dolores Etchevehere denunció a su familia y que ahora el juez de Transición Carlos Ríos citó a declaración indagatoria al ex ministro, sus hermanos y su madre; una de similares características pero que tramita en Comodoro Py y tiene a cargo el fiscal Federal Federico Delgado; también por una denuncia de Dolores que realizó en Buenos Aires mientras Luis Miguel era ministro del gobierno de Mauricio Macri; y la discusión sucesoria que tramita en el Juzgado Civil N°7 de Paraná, a cargo de Martín Furman, que debe determinar como se reparten los bienes de la herencia de Luis Félix Etchevehere, padre de los hermanos en conflicto desde su muerte en 2009.
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