El pedido que el Obispado de San Isidro le hizo a la justicia rionegrina de aplazar el desalojo del predio usurpado por mapuches en Villa Mascardi no conformó a los ocupantes, quienes redoblaron la apuesta al solicitar que se retire la denuncia y les entreguen las tierras.
El Ministerio Público Fiscal de la ciudad rionegrina aceptó el pedido de la institución religiosa y habrá una pausa en el proceso de desalojo, la cual servirá para establecer canales de diálogo entre las partes.
Pero más allá del impasse, el Obispado tiene claro su objetivo de recuperar el lugar y no piensa ceder su legítima propiedad sobre el predio de una hectárea, ubicado en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, a 35 kilómetros de Bariloche.
“Postergan el desalojo para evitar hechos de violencia, pero en realidad lo que deberían hacer es quitar la denuncia y cedernos el lugar, que nos pertenece como reivindicación ancestral”, indicaron desde la comunidad mapuche y recordaron: "Apenas iniciamos la recuperación territorial, la Iglesia aseguró que no iba a radicar denuncias, aunque luego hizo su presentación ante la justicia”.
El avance de la comunidad Lafken Huincul Mapu desde el predio de Parques Nacionales, que ocupa desde 2017, hacia las cabañas Hueche Ruca fue paulatino. Al año siguiente de su instalación en la zona, el cuidador comenzó a detectar sustracción de distintos elementos aunque lo atribuyó a posibles descuidos de cosas que no habían sido guardados de forma adecuada.
Pero con el paso del tiempo, la presencia mapuche en el terreno fue cada vez más violenta hasta que se produjeron saqueos y robos de todas las cosas que estaban en el interior. Luego vinieron los ataques incendiarios y la destrucción total del edificio, construido en el año 1962.
Las partes construidas en piedra y algunos restos de madera quemada son utilizados por los integrantes de la agrupación mapuche como refugio para “resistir cualquier intento de avasallarnos el espacio recuperado”.
Los usurpadores acusan a la Iglesia de “tortura psicológica” por su intención de “crear espacios de diálogo sin retirar la denuncia presentada en la Justicia” y dijeron que “despojarnos del territorio ya es un acto de violencia”.
Las críticas fueron también para el gobierno rionegrino que, junto a la comunidad religiosa “prepara su arremetida, cargada de odio, racismo y xenofobia contra los mapuches en su conjunto”.
Vecinos a favor del desalojo
Los vecinos de Villa Mascardi celebraron la medida del juez que ordenó el desalojo y aseguraron que “esa es la forma de aplicar la ley”.
Tras los acontecimientos violentos registrados en la zona, grupos autoconvocados realizaron numerosas manifestaciones para solicitar un mayor compromiso por parte de la Justicia, tanto ordinaria como federal, y el último dictamen del magistrado fue bienvenido.
Los vecinos señalaron hoy que además de la restitución la orden judicial “imputa a los delincuentes que se apropiaron de ella con violencia y actos intimidatorios” y anticipan que “los delincuentes se someterán al debido proceso, porque delinquen en la República Argentina”.
“La persistencia del delito afecta no sólo a este propietario en particular, sino a la comunidad toda. La inseguridad creciente en la que está inmersa la ciudadanía, con cierta permisividad o inacción de las fuerzas públicas, requiere de nuestras instituciones rápidas y efectivas respuestas. Esa respuesta fue dada en el fallo del Juez Arroyo”, agregaron.
Los vecinos afirmaron que “los actos violentos son un ataque a la democracia y a la República” y rescataron el antecedente del desalojo en El Foyel “mediante los protocolos que priorizan el respeto de la ley y su aplicación, sin uso de violencia innecesaria”.
Pidieron a instituciones, asociaciones, funcionarios públicos y dirigentes que “se expresen públicamente sobre el tema” y pidieron al obispo de San Isidro, Oscar Ojea Quintana, que “participe de la instancia de diálogo prevista en el protocolo, que se haga presente en el lugar y colabore con la justicia e interceda para efectivizar un desalojo pacífico”.
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