María Laura Garrigós de Rébori, ex jueza de 66 años, fue nombrada por el presidente Alberto Fernández como interventora del Servicio Penitenciario Federal.
Rébori, ex magistrada de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y fundadora de la agrupación kirchnerista Justicia Legitima, dependerá del Ministerio de Justicia a cargo de Marcela Losardo y tendrá un doble rol, interventora del Servicio mismo y titular de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
La designación llega en una coyuntura de fuerte polémica: a fines del mes pasado, el director del SPF, Emiliano Blanco, presentó su renuncia, luego de los motines de Devoto que generaron destrozos en medio de pedidos de excarcelaciones con la excusa del coronavirus, con más de diez casos de infectados en el penal. Blanco, sin embargo, fue instrumental para aplacarlos a la cabeza de las sucesivas mesas de diálogo con detenidos que organizaron una tregua.
Otra temática compleja que deberá afrontar la flamante interventora es la investigación por supuesto espionaje ilegal a políticos, periodistas y jueces durante el gobierno de Mauricio Macri. Justamente en el marco de esa investigación hoy se produjo un allanamiento a la cárcel de Ezeiza, buscando determinar si fueron espiados los presos kirchneristas.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. Integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería se presentaron en el complejo de Ezeiza junto a un empleado del juzgado de Villena.
En esa cárcel estuvieron presos, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou, el hoy Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía y los empresarios Lázaro Báez o Cristóbal López.
Garrigós y la liberación de presos
Garrigós de Rébori, ferviente admiradora de Cristina Kirchner, había respaldado el mes pasado las excarcelaciones con la excusa del coronavirus y fue crítica de las protestas en contra de esa medida, al afirmar que le “hacen perder la fe en la humanidad”.
“Se busca evitar lo que va a ser el contagio dentro de las cárceles, porque va a ser peor que en un geriátrico. En las unidades penitenciarias el aislamiento es imposible, por la superpoblación. No hay celdas individuales, comparten celdas comunes, el baño, el lugar donde se come. El aislamiento en los detenidos es inviable”, argumentó durante una entrevista para respaldar la liberación de detenidos.
Además, había dicho que el SPF, del que ahora estará a cargo, “no tiene instalaciones sanitarias para responder a esa demanda de salud". Para Garrigós de Rébori, mantener a los presos en esas condiciones era casi “una condena a muerte”.
En esa línea, fue crítica del cacerolazo que se realizó en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a las excarcelaciones masivas.
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