En el marco de la polémica por la liberación de presos con la excusa de la pandemia de coronavirus, el PRO propuso el tratamiento inmediato y la aprobación del nuevo Código Penal presentado ante el Congreso a mediados del año pasado.
El actual Código Penal argentino, vigente desde el año 1921, ha sido objeto de 900 reformas por leyes penales especiales que a lo largo de los años le han ido quitando coherencia. Por ello, el 1 de marzo de 2017 se constituyó la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, liderada por el camarista Mariano Borinsky, que luego de 80 reuniones plenarias en todo el país, concluyó su trabajo en el mes de julio del año 2018.
Para el nuevo texto se contó con la participación de cientos de juristas, magistrados y expertos que hicieron sus aportes. La finalidad es de poder devolverle identidad y modernizarlo, también reducir la discrecionalidad judicial.
Según el comunicado del PRO, que lleva la firma de las presidenta del partido, Patricia Bullrich, del Secretario General, Eduardo Macchiavelli, y del presidente del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, el nuevo código le dará “más claridad a los jueces y les permitirá respetar a las víctimas y a la sociedad en general, quitando de en medio las posibles motivaciones partidarias o excesivamente ideológicas para decidir sobre el futuro de los presos”.
En términos concretos, la nueva normativa establece dos premisas claras. Por un lado, todos los presos por delitos graves -como violación, homicidio o secuestro extorsivo- y los reincidentes no tendrán derecho a la libertad condicional. Es decir, deberán cumplir íntegramente su pena.
Por otro, se otorgará un rango mayor al rol de las víctimas y sus familias, que deberán ser consultadas ante cada decisión de excarcelación. Si bien esta obligación ya existe a través de una ley, en la práctica depende de la buena voluntad de los jueces. En caso de quedar plasmada en el Código Penal, esa obligación será ineludible.
Para el PRO, la necesidad de restringir la potestad interpretativa de los magistrados se basa en que los pedidos de morigeración de prisión tuvieron un “origen sanitario” pero esta situación “enseguida fue aprovechadas por motivos ideológicos y políticos” por parte de sectores del oficialismo. En ese sentido, “la falta de reglas claras sobre cómo tratar estos casos” cumplió un rol clave.
A raíz de las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández, de su ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien intentaron desligar al Gobierno de los beneficios otorgados a los presos, el PRO ahora considera que habrá mejor sintonía para llegar a una acuerdo en el Congreso.
“El Gobierno Nacional parece haber reconocido la gravedad de la situación”, señalaron.
Con la excusa del coronavirus y gracias a un polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, más de mil delincuentes condenados salieron de la cárcel y hay otro grupo importante de reclusos que presentó pedidos similares con el objetivo de recuperar la libertad o al menos ser beneficiados con prisión domiciliaria.
Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense consultadas por Infobae. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.
La situación generó indignación en la sociedad y durante la última semana se sucedieron dos cacerolazos que se sintieron con fuerza en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y otros puntos del país.
La protesta incluso obligó a Alberto Fernández a pronunciarse públicamente sobre el tema. El Presidente negó a través de las redes sociales que el Gobierno nacional esté detrás de una “salida masiva de presos” y sostuvo que "son los jueces quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”.
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