Con los elementos reunidos hasta ahora, la Justicia sospecha que la millonaria compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social en medio de la crisis por el coronavirus estaba dirigida a una lista cerrada de empresas. Solo en el rubro del aceite, donde se registran los mayores sobreprecios, la cartera que conduce Daniel Arroyo convocó a diez empresas. Pero solo tres se presentaron y terminaron “ganando” la licitación. Las otras siete serían una pantalla.
El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, trabaja en el marco de una investigación preliminar para definir si avanza con una denuncia penal. Además de analizar los expedientes enviados por Desarrollo Social, el fiscal ya le tomó declaración testimonial a un empresario que produce el aceite de la marca “Indigo” y se lo vendió a las empresas proveedoras del Estado.
Tal como había adelantado a Infobae, el empresario Martín Tanoni declaró que le vendió la botella de 1,5 litros de aceite a la empresa Copacabana SA en alrededor de $95. Ese valor incluía los impuestos y el transporte para trasladar la mercadería hasta un predio del Estado ubicado en Villa Martelli.
Sin embargo, Copacabana SA, de la familia Assisa, le iba a vender al Estado un total de 340 mil unidades de ese mismo aceite a $158,67. Un 64% de ganancia solo por actuar como intermediario y asumir los costos de venderle al Estado.
La licitación del aceite incluye a otras dos empresas. Sol Ganadera SA fue adjudicada para vender 340 mil unidades del mismo aceite a $157,80. Y la empresa Teylem, una de las empresas de la familia Lusardi, ofrecía el mismo producto a $166,58.
Ante el escándalo, las empresas involucradas argumentaron que la diferencia en el precio estaba justificada por el valor del transporte, entre otros motivos. “El costo de implementación de una logística de emergencia para retirar, transportar y entregar las grandes cantidades de alimentos solicitadas, en plazos perentorios”, fue unas de las excusas que expuso el “Grupo L”, que tiene entre sus empresas a Teylem.
El testimonio que tiene el fiscal del gerente de la empresa Tanoni Hermanos derrumba ese argumento, al menos en el valor del aceite.
El titular de la PIA tiene previsto sumar otras declaraciones de testigos esta semana antes de definir los pasos a seguir. La situación de la Justicia y del país por la pandemia le impide avanzar más rápido de lo que pretendería.
Al mismo tiempo, Rodríguez analiza los pliegos de los cinco expedientes que terminaron con la renuncia de Gonzalo Calvo, un ex funcionario de Almirante Brown que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica. En el caso del aceite, de las diez empresas convocadas solo se presentaron tres. Las otras siete también están bajo la lupa de la Justicia porque hay vínculos entre sí, pudo saber Infobae con fuentes de la investigación.
La situación se repite en los otros rubros de alimentos: todas las empresas que se presentaron fueron adjudicadas. Solo hubo desestimaciones parciales de productos o marcas ofrecidas, una situación que genera sospechas.
La polémica licitación expuso de manera brutal un sistema que alimenta el negocio de los proveedores del Estado, un grupo cerrado de empresas que compran la mercadería a los productores y luego la revenden con enormes márgenes de ganancia.
Un argumento repetido por estas horas entre los proveedores del Estado apunta al “costo de financiación”, por las demoras con la que suele pagarles en este tipo de licitaciones. “El Estado es un mal pagador, paga a 120 o 180 días, hemos cobrado hasta en bonos”, dijo en una entrevista con Radio Con Vos Roberto Toscano, dueño de Sol Ganadera y Alimentos Generales. En esa misma declaración, el empresario admitió que tiene apenas siete empleados. Con eso le alcanza para ganar millonarias licitaciones.
El argumento de la “financiación” no aplicaría para esta compra. Según pudo saber Infobae, el pliego de los alimentos preveía un plazo de pago de apenas “15 días corridos desde la entrega de la mercadería”. “Si se iba a respetar ese plazo no lo sabemos, pero figura en el pliego”, confirmó una fuente que conoce los detalles del expediente administrativo.
La Justicia también analiza los precios testigo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). De hecho, el grupo empresarial de Victor Lusardi se defiende argumentando que sus precios eran muy similares a los que expuso ese organismo de control. “Los precios ofrecidos y aprobados por el Ministerio en las licitaciones están en algunos casos por encima del promedio de los precios testigo de la SIGEN, en otros en niveles parecidos y en dos casos por debajo de ese valor”, dijo el “Grupo L” a través de una comunicación.
Rodríguez sigue acumulando pruebas. Si finalmente avanza con una denuncia penal, deberá definir si se concentra en los funcionario de Desarrollo Social o si alcanza a los proveedores del Estado. La política, sin distinción de colores políticos, sigue de cerca la evolución del escándalo: la mayoría de esos empresarios vienen haciendo negocios en la Ciudad, la Provincia y la Nación hace más de una década.
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