El flamante interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, revocó las contrataciones de 417 agentes en planta permanente de la empresa pública que habían sido incorporados en los últimos días de la administración anterior, y denunció a su antecesor en el cargo por “desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio” de la compañía.
En su cuenta de Facebook, Fernández explicó que el 29 de noviembre de 2019, “días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente” y explicó que esas designaciones se fundamentaban “en supuestas ‘inversiones programadas’, las ‘inmejorables condiciones creadas por el gobierno’ de Macri y la necesidad de contar con mayor personal”.
Para Fernández, esos argumentos eran “todas falacias”, ya que “las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa”.
En ese marco, anunció que procedió a “la revocación de la resolución (que ni siquiera fue firmada por la autoridad de aplicación de Trabajo) por la ilegitimidad de las contrataciones” y anunció que instruyó “la correspondiente denuncia penal contra el interventor saliente por franca desviación de poder y por delitos de acción pública en perjuicio de YCRT”.
El interventor de YCRT señaló además que su antecesor en el cargo “pretendió despedir más de 500 trabajadores en 2018, amparándose en la supuesta inviabilidad de la empresa y en el procedimiento preventivo de crisis, mientras que los ingresantes a planta no cumplían con las condiciones de residencia, idoneidad ni capacitaciones, ni presentaron exámenes preocupacionales ni antecedentes penales”. Además, dijo que “no existía previsión presupuestaria para las contrataciones” y que en realidad “procuraron la coptación de YCRT luego de haber perdido las elecciones”.
En declaraciones televisivas, Fernández cuestionó “las barbaridades que hicieron y las justificaciones que dieron” al firmar las resoluciones para contratar al nuevo personal.
“Me molesta tener que tomar una decisión que implica la cesantía de 417 personas, pero ninguna fue convocada por mecanismos públicos sino elegidas arbitrariamente a dedo por el propio interventor”, concluyó.
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