
Durante décadas, el debate sobre infraestructura en el Perú ha girado alrededor de una misma pregunta: ¿qué carreteras, hospitales, escuelas o sistemas de riego necesitamos construir para cerrar nuestras brechas de desarrollo?
Es una pregunta necesaria. Pero quizá ya no sea suficiente.
Porque algunas de las infraestructuras más importantes para la estabilidad económica del país nunca fueron construidas por el ser humano.
Los bosques amazónicos regulan los ciclos hidrológicos que abastecen ciudades, sostienen la agricultura y alimentan centrales hidroeléctricas.
Los humedales reducen el impacto de inundaciones. Los manglares amortiguan desastres costeros. Los ecosistemas altoandinos almacenan y liberan agua durante todo el año.
Cuando cualquiera de estos sistemas falla, las consecuencias no son únicamente ambientales. Se traducen en pérdidas económicas, interrupciones en servicios esenciales, mayores riesgos fiscales y una creciente vulnerabilidad para millones de personas.
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En otras palabras, su funcionamiento es tan indispensable para el país como el de una presa, una autopista o una red eléctrica.
Ese es precisamente el principio detrás del concepto de Naturaleza como Infraestructura Crítica: reconocer que determinados sistemas naturales cumplen funciones esenciales e irremplazables para el funcionamiento de la economía y la sociedad, y que su degradación genera efectos en cascada comparables a la falla de cualquier otra infraestructura estratégica.
Este cambio de mirada ya comienza a ganar espacio en distintos países y organismos internacionales. Sin embargo, su verdadero potencial no depende únicamente de nuevas políticas ambientales, sino de algo mucho más profundo: transformar la manera en que concebimos, diseñamos y planificamos la inversión pública.
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Y es precisamente ahí donde el Perú cuenta con una oportunidad poco discutida.
La creación del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) representa una innovación institucional importante dentro del sistema de inversión pública peruano. A diferencia de otras entidades, su misión no consiste en ejecutar obras, sino en mejorar la calidad técnica con la que estas son concebidas, fortaleciendo la elaboración de estudios de preinversión, expedientes técnicos y asistencia especializada para gobiernos regionales y locales.
Puede parecer una diferencia menor. En realidad, es profundamente estratégica.
La calidad de una infraestructura no empieza cuando se coloca la primera piedra. Empieza cuando alguien define el problema que intenta resolver, identifica las alternativas disponibles y diseña técnicamente la mejor solución posible.
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Durante sus primeros meses de funcionamiento, la actual gestión del organismo liderado por Patricia Ocampo ha venido consolidando esa capacidad institucional con 53 convenios suscritos con gobiernos regionales y locales, una cartera de intervenciones que alcanza aproximadamente 697 mil beneficiarios y más de S/1.108 mil millones asociados a proyectos de inversión, además del impulso a metodologías como BIM para mejorar la planificación y gestión del ciclo de vida de la infraestructura pública.
Estos avances reflejan un esfuerzo por fortalecer la calidad técnica de la inversión pública desde su etapa más temprana.
“La calidad de una infraestructura no empieza cuando se coloca la primera piedra. Empieza cuando alguien define el problema que intenta resolver, identifica las alternativas disponibles y diseña técnicamente la mejor solución posible.”
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Sin embargo, quizá la oportunidad más interesante aún esté por venir.
Si el OEDI existe precisamente para mejorar la forma en que el Estado diseña infraestructura, también puede convertirse en uno de los espacios naturales para ampliar nuestra propia definición de infraestructura.
Porque proteger una cuenca que garantiza el abastecimiento de agua de una ciudad puede generar beneficios comparables e incluso superiores a construir nueva infraestructura hidráulica.
Porque restaurar un humedal puede reducir el riesgo de inundaciones con una eficiencia que difícilmente puede lograrse únicamente mediante obras grises.
Porque conservar los bosques amazónicos no solo protege biodiversidad; también preserva procesos ecológicos que sostienen la seguridad hídrica, energética, alimentaria y económica del país.
La pregunta deja entonces de ser ambiental.
Pasa a ser una pregunta de planificación, gestión del riesgo e inversión pública.
No se trata de sustituir carreteras por bosques, ni de reemplazar infraestructura tradicional por soluciones basadas exclusivamente en la naturaleza.
Se trata de reconocer que existen activos naturales cuya funcionalidad resulta indispensable para el desempeño de la infraestructura convencional y que, por tanto, deben ser incorporados desde el diseño mismo de los proyectos públicos.
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Ese cambio de paradigma podría abrir una nueva generación de inversiones donde infraestructura gris e infraestructura natural dejen de planificarse por separado y comiencen a diseñarse como sistemas complementarios.
En un contexto de creciente presión climática, restricciones fiscales y necesidad de maximizar el impacto de cada sol invertido, pensar de esa manera deja de ser una aspiración ambiental para convertirse en una decisión de eficiencia económica y resiliencia nacional.
El Perú tiene hoy una oportunidad poco común.
No solo la de construir mejores carreteras, hospitales o sistemas de riego.
Sino la de convertirse en uno de los primeros países de la región en actualizar la propia idea de qué entendemos por infraestructura.
Porque, al final, la infraestructura más estratégica para el desarrollo de un país no siempre es aquella que construimos.
Con frecuencia, es aquella de la que dependemos todos los días sin haber aprendido todavía a reconocerla como tal.

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