Análisis previo: inseguridad y lucha contra el crimen

Nos encontramos ante un inminente cambio de autoridades en un Perú convulsionado por el incremento de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, contexto en el que los delitos contra la vida, el patrimonio, la administración pública, entre otros bienes jurídicos tutelados, ocupan diariamente los principales titulares de los medios de comunicación.

En dicho escenario, el marco normativo vigente resulta insuficiente y las políticas de Estado implementadas no han alcanzado los resultados que la sociedad legítimamente exige y reclama. Asimismo, la globalización y el empleo de las nuevas tecnologías son aprovechados por las organizaciones criminales para la consecución de sus fines ilícitos, de modo que las actividades delictivas ya no encuentran límites territoriales ni instrumentales para su ejecución. En consecuencia, resulta imperativo adoptar medidas inmediatas y eficaces orientadas a contener y neutralizar el avance de la criminalidad organizada en el país.

Para efectuar una lucha frontal contra el crimen, se requiere un análisis sobre su origen, los factores que condicionan la conducta delictiva desde un enfoque sociológico, cultural, económico, político y jurídico, solo así podremos prevenirlo y tomar acciones asertivas en esta labor. Bajo esa perspectiva, la participación de disciplinas como la criminología y la criminalística adquiere especial relevancia. Asimismo, la Unidad de Inteligencia del Ejército Peruano puede coadyuvar con las unidades de inteligencia de la Policía Nacional del Perú en la elaboración de un mapa de identificación territorial de la criminalidad a nivel nacional, permitiendo una adecuada asignación del presupuesto y de los recursos públicos destinados al control efectivo de la criminalidad

En esa línea, se requiere una mayor presencia de la Policía Nacional del Perú, dotándola de los recursos humanos, logísticos y tecnológicos necesarios para el restablecimiento del orden público, la identificación inmediata del autor del delito y la obtención oportuna de los elementos de convicción. Del mismo modo, ante la configuración de un supuesto de flagrancia, corresponde someter al investigado a un procedimiento célere que, garantizando el pleno respeto de los derechos de los sujetos procesales, permita una

adecuada administración de justicia. Ello contribuirá a restablecer la tranquilidad de la población, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y consolidar un entorno de seguridad jurídica y seguridad ciudadana.

Del mismo modo, resulta pertinente identificar estratégicamente los lugares para la instalación de sistemas de video vigilancia inteligente mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, a fin de posibilitar una intervención inmediata que active los mecanismos objetivos y subjetivos del derecho penal, orientados a la identificación y sanción de los autores del delito, en observancia de los principios que rigen una correcta administración de justicia.

En cuanto al índice de criminalidad en el país, este ha experimentado un incremento considerable durante los últimos años. En tal sentido, resulta indispensable adoptar medidas de carácter urgente mediante la implementación de políticas preventivas y el replanteamiento de determinadas conductas típicas que, como consecuencia de la globalización y de los avances tecnológicos, han dado lugar al surgimiento de nuevas modalidades delictivas. Ello hace necesaria la revisión del marco normativo y del sistema punitivo, así como de los criterios aplicables a la imposición de sanciones, en el contexto de una reforma penitenciaria y del sistema de ejecución penal de carácter prioritario. Sin dicha reforma, la finalidad resocializadora de la pena difícilmente podrá alcanzarse, tornando ineficaces los esfuerzos dirigidos a la persecución y sanción del delito. Asimismo, debe considerarse que numerosas manifestaciones de la criminalidad trascienden las fronteras nacionales, como ocurre con el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, la trata de personas y los delitos contra la administración pública, entre otros, razón por la cual resulta indispensable fortalecer los mecanismos de cooperación internacional mediante acciones coordinadas de apoyo recíproco y un mayor control y vigilancia de las fronteras.

Finalmente, debe recordarse que el derecho penal constituye la última ratio del sistema de justicia, por lo que los mecanismos de control social previos deben sustentarse en una educación de calidad, cimentada en principios y valores que promuevan la estabilidad y la paz social, dentro del marco de un ordenamiento jurídico que garantice la tutela efectiva de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. No obstante, ello debe complementarse con la imposición de sanciones severas y ejemplares contra quienes vulneran los derechos de las personas que actúan conforme al ordenamiento jurídico y merecen desenvolverse en una sociedad justa, segura y libre de violencia.