Otra agenda pendiente

Durante más de tres décadas, el Perú apostó por una política de apertura comercial que hoy constituye uno de sus principales activos. Contamos con 24 acuerdos comerciales vigentes que conectan nuestra economía con los principales mercados del mundo y permiten que miles de empresas exporten con mejores condiciones de acceso. Esa estrategia ha sido determinante para consolidar al comercio exterior como uno de los motores del crecimiento económico.

Sin embargo, existe otra agenda pendiente que rara vez ocupa espacio en el debate público: ampliar nuestra red de convenios para evitar la doble imposición.

A diferencia de los tratados de libre comercio, que facilitan el intercambio de bienes y servicios, estos convenios reducen la incertidumbre tributaria, brindan mayor seguridad jurídica y establecen reglas claras para las inversiones entre países. En otras palabras, así como los TLC facilitan el comercio, los convenios para evitar la doble imposición facilitan la inversión.

No se trata de un asunto meramente tributario. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó que estos acuerdos constituyen una herramienta estratégica para fortalecer el clima de negocios, atraer capitales y promover el crecimiento económico. Su importancia radica en que forman parte del conjunto de instituciones que los inversionistas evalúan antes de decidir dónde instalar una operación, desarrollar un proyecto o expandir sus negocios.

Durante años se asumió que estos convenios solo implicaban renunciar a recaudación. Sin embargo, la evidencia disponible muestra una realidad mucho más compleja. Un estudio elaborado por investigadores de la London School of Economics encuentra que los convenios para evitar la doble imposición tienen un efecto positivo y económicamente significativo sobre los flujos de inversión extranjera directa entre los países firmantes. Al mismo tiempo, una revisión realizada por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) concluye que, si bien estos acuerdos no garantizan por sí solos mayores inversiones, sí contribuyen a generar un entorno más predecible y competitivo cuando vienen acompañados de estabilidad macroeconómica, instituciones sólidas e infraestructura adecuada.

Precisamente allí radica el desafío para el Perú. Los convenios no sustituyen las reformas estructurales que el país necesita. No resolverán las brechas de infraestructura, la excesiva burocracia, la inseguridad jurídica ni las deficiencias de gestión pública. Pero sí pueden potenciar una estrategia de competitividad basada en reglas claras y confianza para invertir.

Mientras países como Chile han consolidado una amplia red de convenios con sus principales socios comerciales e inversionistas, el Perú mantiene una cobertura considerablemente más limitada. No contamos con acuerdos de este tipo con economías tan relevantes como EE. UU., España, Alemania, Francia o China, pese a su importancia para el comercio, la inversión y la transferencia de tecnología.

La competencia por atraer inversiones es cada vez más intensa. Los países ya no solo compiten mediante menores aranceles o incentivos tributarios. También lo hacen ofreciendo mejores instituciones, mayor previsibilidad y marcos regulatorios modernos. En ese contexto, ampliar la red de convenios para evitar la doble imposición no debería entenderse como una discusión tributaria, sino como una política de competitividad.

Hace treinta años el Perú entendió que abrir mercados era indispensable para crecer. Hoy corresponde dar el siguiente paso. Así como construimos una sólida red de tratados comerciales, debemos construir una red moderna de convenios que fortalezca nuestra capacidad para atraer inversiones, generar empleo y elevar la productividad. Esa debería ser otra agenda pendiente del próximo Gobierno.