Si no avanzamos, retrocedemos

Mientras otros países avanzan en reformas, desarrollan infraestructura, simplifican regulaciones y generan mejores condiciones para atraer inversiones, el Perú continúa postergando tareas pendientes que arrastra desde hace años. El último Ranking Mundial de Competitividad del IMD, elaborado en colaboración con Centrum PUCP, es una nueva llamada de atención.

De las 70 economías evaluadas en 2026, el Perú se ubica en el puesto 60. La cifra resulta aún más preocupante si se compara con nuestra situación de hace menos de dos décadas. Cuando el país ingresó por primera vez al ranking, en 2008, ocupaba el puesto 35 entre 55 economías evaluadas. La situación es clara: hemos perdido terreno.

Paradójicamente, uno de nuestros mejores resultados se encuentra en el factor Precios, donde ocupamos el puesto 11. Ello refleja la solidez de la política monetaria y el amplio consenso que existe en torno al control de la inflación, una de las principales fortalezas de la economía peruana durante las últimas décadas. Sin embargo, como ha advertido el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, el relajamiento fiscal de los últimos años representa un riesgo serio para la estabilidad económica.

Pero la estabilidad macroeconómica, por sí sola, ya no alcanza.

Los mayores rezagos del país se encuentran precisamente en aquellos aspectos que determinan la capacidad de crecer de manera sostenida y generar bienestar para la población. En infraestructura ocupamos el puesto 65 y, en acceso a agua e infraestructura sanitaria, el 69. La eficiencia del Gobierno se ubica en el puesto 60, reflejando problemas de burocracia, inestabilidad política, corrupción y limitada capacidad de gestión.

El diagnóstico es conocido desde hace años. Persisten las brechas de infraestructura básica y de logística para el comercio exterior, los sobrecostos asociados al transporte y la inseguridad, la excesiva permisología, la baja productividad y las falencias de la administración pública. Sin embargo, poco o nada se ha hecho con el sentido de urgencia que la situación demanda, y eso tiene consecuencias.

La competitividad no es un concepto abstracto ni una discusión reservada para especialistas. Un país más competitivo genera más inversión, más empleo formal y mayores ingresos para las familias. También permite que los ciudadanos accedan a mejores servicios públicos y privados, reduciendo los gastos de bolsillo en aspectos tan esenciales como el transporte, el agua, la salud o la educación.

En otras palabras, mejorar la competitividad también es una herramienta para reducir la pobreza y cerrar brechas sociales.

Nos seguimos durmiendo en los laureles de la estabilidad macroeconómica, mientras las acciones para mejorar la competitividad y la productividad de la economía siguen siendo insuficientes. La evidencia es contundente: otros países avanzan y nosotros nos estamos quedando atrás.

Otro gran reto para el próximo gobierno será, precisamente, recuperar el tiempo perdido. Fortalecer la institucionalidad, ordenar las cuentas públicas, destrabar inversiones, cerrar brechas de infraestructura y mejorar la calidad regulatoria deberían formar parte de una agenda prioritaria.

Porque en la carrera por el crecimiento y el desarrollo, quedarse quieto no significa mantenerse en el mismo lugar. Significa retroceder.