¿Son efectivas las políticas de competencia en el Perú?

La adecuada regulación de la libre competencia es un pilar fundamental para garantizar mercados dinámicos, eficientes y justos. En una reciente investigación, publicada en el prestigioso Review of Economics and Statistics, se estima, por ejemplo, que la reducción de barreras de entrada a competidores a nivel municipal en el Perú se traduce en un incremento de la competencia y productividad en los mercados del 10%.

En efecto, si bien el INDECOPI controla conductas anticompetitivas (DL 1034), como cárteles y abusos de posición de dominio, y estructuras de mercado mediante el control de concentraciones (Ley 31112), también tiene un rol fundamental en la eliminación de barreras burocráticas, tanto por ser ilegales como por ser contrarias a una regulación consistente con la razonabilidad económica (DL 1256).

Respecto del primer instrumento de control de conductas, el INDECOPI se ha concentrado en la desarticulación de cárteles de fijación de precios y licitaciones colusorias, ya sea por investigaciones propias o en aplicación del programa de clemencia (o delación compensada), en sectores tan diversos como distribución de combustibles, servicios de impresión, transporte, medicamentos, construcción o productos de consumo, entre otros. Las multas impuestas han llegado, en un solo caso, a más de S/ 2 000 millones.

En nuestra experiencia, este trabajo ha dado lugar a que los agentes en el mercado tengan una conciencia preventiva respecto de sus obligaciones de compliance con las normas de libre competencia, y promuevan la implementación de sistemas de gestión de riesgos (tipo ISO). Desde nuestro punto de vista, y así se lo hacemos saber a nuestros clientes, vale la pena invertir en estos esfuerzos para minimizar riesgos residuales de incumplimientos que, podrían no llegar a una sanción, pero que impliquen un daño reputacional difícil de reparar.

Por su parte, la implementación de la Ley 31112, de control de fusiones empresariales, adoptada en 2021 marcó un hito en la política de competencia del Perú al introducir un instrumento de política que hasta ese momento solo era aplicable al sector eléctrico. En esa línea, aproximadamente 92 solicitudes ya fueron resueltas, de las cuales solo el 5,4% fueron autorizadas con condiciones para resolver daños a la competencia, y solo una, o el 1%, fue denegada. El número de operaciones disuadidas es incierto, pero es presumiblemente material.

De acuerdo con nuestras estimaciones, estas operaciones, principalmente vinculadas a los sectores de energía, servicios no financieros y financieros, telecomunicaciones y transporte, han involucrado más de US$ 68.000 millones en inversiones, mostrando que la regulación del control de concentraciones, llevada técnicamente, es compatible con la dinámica de la inversión privada que todos esperamos.

Finalmente, respecto del instrumento de eliminación de barreras burocráticas, el INDECOPI ha logrado generar ahorros, con la eliminación de regulaciones, de casi S/ 260 millones a sectores económicos diversos, según estimaciones de la propia entidad. Entre los sectores de mayor impacto está el sector construcción, el de transporte y el sector comercio, que tienen además un rol vital en la creación de empleo.

Para el INDECOPI, persisten desafíos estructurales que limitan el alcance de las políticas de competencia en el Perú. Uno de los principales problemas no resueltos históricamente es la insuficiencia de recursos financieros y humanos, tomando en cuenta que la institución enfrenta la creciente complejidad de los casos con personal técnico y presupuestos limitados, lo que pone en riesgo la calidad y el alcance de sus investigaciones.

Asimismo, la autonomía funcional del INDECOPI debe fortalecerse para blindar su labor técnica de presiones políticas o de otra naturaleza. iniciativas como el funcionamiento del Centro Regional de Competencia de OECD en nuestra autoridad de competencia son ejemplo de lo que se puede lograr con creatividad, talento y empuje.

En general, podemos decir que las políticas de competencia en el Perú, amén de eventuales controversias que nunca van a faltar, han tenido un impacto positivo en los mercados locales, pero su efectividad depende en gran medida de la capacidad del INDECOPI para ejercer su labor de manera autónoma y eficiente. Para consolidar estos avances, es necesario asegurar una mayor asignación presupuestal, acompañada de una política de fortalecimiento institucional que permita al organismo actuar con mayor independencia y capacidad técnica.

En el debate del próximo gobierno, no debe faltar una discusión sobre convertir al INDECOPI en un Organismo Constitucionalmente Autónomo (OCA).

En este sentido, garantizar un INDECOPI fortalecido y autónomo no solo es deseable, sino imprescindible para el futuro del buen funcionamiento del mercado a través de una sana y leal competencia que favorezca el bienestar de los consumidores y las familias.