El Niño 2026: prevenir antes de reconstruir

Las experiencias de 1982-1983, 1997-1998 y 2017 muestran que, pese a los avances en alerta y pronóstico, las medidas preventivas no siempre fueron suficientes ni oportunas, y gran parte de la intervención pública se concentró en responder y reconstruir después del impacto. Reducir los daños exige integrar gestión del riesgo, ingeniería y políticas públicas.

Actualmente, el Perú dispone de una alerta científica que debe traducirse en decisiones concretas. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la Alerta de El Niño Costero y prevé que el evento iniciado en marzo de 2026 podría prolongarse hasta el verano de 2027. El pronóstico no implica daños inevitables, pero sí ofrece un margen para adoptar medidas de prevención antes de la próxima temporada de lluvias.

Los antecedentes muestran avances importantes, pero también una vulnerabilidad persistente. En 1982 y 1983, la capacidad de anticipación y coordinación era mucho menor, lo que generó graves daños en viviendas, infraestructura y actividades productivas para el país. En 1997 y 1998, el Perú contó con mejores pronósticos y ejecutó intervenciones preventivas, aun así, las pérdidas económicas fueron estimadas en 3.600 millones de dólares. En 2017, pese al mayor conocimiento científico y la existencia de un sistema nacional de gestión del riesgo, el Niño Costero dejó 63.802 viviendas destruidas y 350.181 afectadas. La lección es clara: mejorar el pronóstico contribuye a la preparación, pero no garantiza por sí solo la reducción del riesgo.

En la gestión del riesgo de desastres, el peligro describe la posibilidad de que fenómenos potencialmente dañinos, como lluvias intensas, inundaciones, huaycos o deslizamientos, ocurran con determinada intensidad en un lugar. Por otro lado, existe otro factor a considerar, que es la exposición, la cual indica cuántas personas, viviendas, servicios e infraestructuras se encuentran en las zonas que pueden ser afectadas. A ello se suma la vulnerabilidad, que reúne las condiciones físicas, sociales, económicas y ambientales, que hacen que esos elementos sean susceptibles a sufrir daños. Entonces, el riesgo surge de la interacción entre estos factores: un mismo fenómeno no produce las mismas consecuencias en un territorio planificado y con infraestructura segura que en otro ocupado sin considerar los peligros existentes y con servicios frágiles.

En ese sentido, una vivienda segura no es únicamente aquella que evita el colapso, sino la que conserva condiciones de habitabilidad durante y después de una emergencia. Esto depende tanto de la edificación como de los sistemas que la sostienen: vías de acceso, drenaje, agua, saneamiento y energía.

Por ello, desde la ingeniería, prepararse frente a El Niño implica diseñar, reforzar y mantener viviendas e infraestructura para reducir interrupciones y acelerar su recuperación. El objetivo es que una comunidad no quede aislada y que los servicios esenciales continúen funcionando o puedan restablecerse rápidamente.

En consecuencia, las políticas públicas deben convertir la información técnica en reglas, decisiones y acciones sostenidas. Esto implica que los mapas de peligro influyan realmente en el uso del suelo y en las licencias de construcción; que los programas de vivienda prioricen no solo el acceso a una edificación, sino también su ubicación segura y conexión con servicios capaces de recuperarse rápidamente; y que la inversión pública incorpore la reducción del riesgo desde la formulación hasta la operación y el mantenimiento de los proyectos. Además, se requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y continuidad en las intervenciones, porque la prevención no puede depender solo de la proximidad de una emergencia.

Por consiguiente, la articulación entre gestión del riesgo, ingeniería e inversión pública resulta decisiva: la primera identifica las zonas donde podrían producirse las mayores consecuencias y establece las prioridades de intervención; la segunda transforma ese diagnóstico en soluciones técnicamente viables; y la tercera otorga regulación, presupuesto, alcance y continuidad. Si alguno de estos componentes se desconecta, la prevención pierde eficacia.

Finalmente, el reto reside en evitar que las condiciones de vulnerabilidad se repitan antes del siguiente evento. Los impactos de El Niño pueden reducirse mediante decisiones oportunas sobre el uso del territorio, la protección de la infraestructura y la gestión del riesgo. La verdadera preparación se reflejará en viviendas que permanezcan habitables, servicios que continúen operativos y pérdidas que el país logre evitar.