La primera emergencia del nuevo Gobierno ya empezó

El 11 de junio pasado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó la formación de El Niño en el Pacífico ecuatorial, con 63% de probabilidad de alcanzar magnitud “muy fuerte”. En paralelo, en el Perú la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta de El Niño Costero y la proyecta hasta febrero de 2027. La coincidencia configura la superposición de anomalías: si el calentamiento frente a nuestras costas se enlaza con el del Pacífico central, el mar no se enfriará en invierno y los impactos se extenderán al verano de 2027. El pico (y la mayor exposición a lluvias extremas, crecidas y huaicos) se concentraría entre enero y marzo de ese año.

Ese calendario coincide con la renovación política a nivel nacional. Así, el máximo riesgo hidrometeorológico llegaría cuando el aparato estatal esté en plena reconfiguración. El nuevo Gobierno estará entrando en su tercer mes de gestión en pleno proceso de elecciones de autoridades regionales y municipales que tomarán posesión el 1 de enero de 2027, el mismo día en el que arrancaría la temporada más crítica.

La gestión del riesgo de desastres en el Perú es marcadamente descentralizada. Esta vez, descansará en gobernadores y alcaldes que enfrentarán la emergencia sin curva de aprendizaje, mientras que sus antecesores la atraviesan como autoridades salientes durante la ventana decisiva de preparación, el último trimestre del año en curso.

Conviene dimensionar lo que está en juego. Según distintos estudios, el impacto de El Niño sobre la economía peruana ha oscilado entre 0,7% y 5,3% del PBI en las últimas cuatro décadas. El evento extraordinario de 1983 contrajo el PBI en cerca de 12%, con caídas de 40% en pesca, 21% en construcción y 17% en manufactura, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Niño Costero de 2017, de magnitud apenas moderada, costó 1,6% del PBI y, según las cifras oficiales de daños, afectó 153.329 viviendas, 7500 kilómetros de vías y 509 puentes. En 2023, la combinación del Niño Costero con el ciclón Yaku contribuyó a una recesión de 0,6%.

El canal de los precios es más lesivo para los hogares más pobres. En 2017, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el limón subió 493% entre enero y agosto, y la inflación de alimentos en Lima alcanzó un pico de 13,16% en febrero. En el ciclo 2022-2023, ese indicador superó el 10% en 13 de 24 regiones, con la costa norte a la cabeza.

Pero el dato que ninguna autoridad debería ignorar lo ha documentado el propio Banco Central de Reserva (BCR): en 2017 y 2022, la pobreza aumentó pese a un crecimiento positivo del PBI, porque las líneas de pobreza monetaria están ancladas al costo de la canasta alimentaria. Es decir, el choque climático golpea primero y más fuerte a los hogares de menores ingresos.

Frente a esa amenaza recurrente, el problema no es la falta de información ni de capacidad de pronóstico, sino la persistencia de una respuesta reactiva antes que preventiva. El ENFEN avisa con meses de anticipación, pero el sistema continúa reaccionando tarde, mal o nunca. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es el caso más aleccionador. Se puso en marcha con un plan integral de más de S/ 50.800 millones, pero a su cierre, en diciembre de 2023, solo había culminado el 73% de sus intervenciones, con el sector salud en apenas 14%. La Contraloría General de la República (CGR) lo calificó de fracaso al considerar que se creó una entidad para coordinar y financiar —funciones que ya cumplen la Presidencia del Consejo de Ministros y el MEF— cuando lo que faltaba era capacidad de ejecución. Esta experiencia mostró que se priorizó la reconstrucción de colegios y hospitales, mientras las obras de prevención quedaron rezagadas, dejando la infraestructura nueva expuesta al siguiente siniestro.

Lamentablemente, esa es una práctica que continúa vigente. La cartera heredada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) comprende 101 proyectos por S/ 20.519 millones, varios aún en diseño. Como ejemplo, las quebradas San Ildefonso y San Carlos, que inundaron Trujillo en 2017, permanecen al 70% y sin financiamiento suficiente. A la fecha, requieren cerca de S/ 500 millones y, a febrero de 2026, solo tenían asignados S/ 120 millones, con 750.000 pobladores en riesgo. El patrón es por desgracia recurrente y se repite cada temporada. De hecho, la CGR documentó que en 2023 solo se ejecutó 5,6% del presupuesto de prevención y que 856 entidades incumplían sus planes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). El cuello de botella no es la caja agregada, sino los expedientes, la procura y la ejecución subnacional.

¿Qué cabe esperar del Gobierno entrante? Dos escenarios lucen posibles. El primero, deseable pero improbable, es que la gestión saliente del presidente José María Balcázar y del electo o electa comprometan financiamiento y contratos de continuidad antes del 28 de julio, y que la ANIN, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres operen como ancla técnica por encima del ciclo político. El segundo es que la inercia prevalezca y la respuesta vuelve a ser reactiva, con el agravante del relevo subnacional simultáneo. Peor aún, el espacio fiscal para absorber el choque es hoy más estrecho que en 2016.

Bajo cualquier escenario, El Niño será la primera prueba de fuego para el nuevo Gobierno, y lo será en condiciones más severas para los Gobiernos subnacionales, que entrarán en funciones en pleno fenómeno. No se puede seguir relegando la prevención y la improvisación. Ante un escenario adverso impredecible, urge de priorizar presupuesto, avanzar con la ejecución contractual más prioritaria y reclutar al mando técnico más capaz que no dependa de quién gobierne.

Esta quizás sea una oportunidad para resetear la descomposición institucional y gestionar un evento que pueda descarrilar la viada económica, afectar la infraestructura e impactar los precios en un momento en el que todavía no superamos los shocks de oferta que afectaron a la economía y la inflación del primer semestre del año.