Enorme irresponsabilidad

El anuncio de Roberto Sánchez sobre elevar la remuneración mínima a S/ 1,500 no es un tema menor. Según afirmó, su equipo económico —liderado por Pedro Francke— tendría la capacidad de sustentar la “viabilidad técnica, económica y presupuestaria” de la propuesta. La pregunta inevitable es si también conocen la capacidad de pago y los presupuestos de miles de empresas peruanas que tendrían que afrontar ese incremento.

Más allá de la cifra, el verdadero problema de este tipo de anuncios es la enorme irresponsabilidad con la que se manejan las expectativas de la población. Prometer aumentos salariales desde la política, sin explicar cómo se elevará la productividad o cómo responderá el mercado laboral, termina generando falsas expectativas en los trabajadores e incertidumbre en quienes generan empleo.

Todos queremos mejores salarios. Nadie podría oponerse a ello. El problema es creer que pueden elevarse de manera sostenible únicamente mediante normas. Los salarios no aparecen por voluntad política. Dependen de productividad, inversión, capital y tecnología.

Y allí aparece otro problema que parece ignorarse. Más del 70% del empleo en el Perú es informal. En ese enorme segmento del mercado laboral, las normas simplemente no se cumplen. El trabajador informal no verá automáticamente incrementado su ingreso porque el Gobierno anuncie una nueva remuneración mínima.

Pero incluso en el sector formal, impactos de esta magnitud podrían resultar muy difíciles de absorber. La agroexportación, uno de los sectores más dinámicos y exitosos de las últimas décadas, sería uno de los más expuestos. El régimen laboral agrario contempla un “bono beta” equivalente al 30% de la remuneración mínima, por lo que el impacto no se limitaría al aumento base. En términos prácticos, el costo laboral podría incrementarse en más de S/ 480 para un trabajador que percibe la remuneración mínima. Pretender que un sector altamente intensivo en mano de obra absorba un aumento de esa magnitud de la noche a la mañana resulta, por decir lo menos, irresponsable.

El propio Julio Velarde ha advertido reiteradamente que la productividad en el Perú permanece estancada debido a problemas estructurales que el país no termina de resolver. Exceso de burocracia, infraestructura deficiente, baja calidad educativa, inseguridad, permisología excesiva y falta de capital humano calificado limitan la capacidad de las empresas para crecer y volverse más eficientes. Y sin productividad, los salarios no mejoran.

La discusión de fondo debería concentrarse justamente allí: cómo generar condiciones para atraer inversión, aumentar productividad y generar empleo de calidad. Porque es eso lo que permite que los salarios crezcan de manera real y sostenida. Los países donde los trabajadores ganan más no lo logran porque sus gobiernos decreten aumentos permanentes, sino porque cuentan con economías más productivas, empresas más eficientes y menores niveles de informalidad.

En ese contexto, no deja de llamar la atención que Pedro Francke vuelva a ocupar un rol central en el diseño económico de una candidatura presidencial. El exministro de Economía de Pedro Castillo no solo promovió en su momento mayores impuestos, sino que dejó frases bastante reveladoras sobre su visión económica. “Yo veo unos carros en las calles que, la verdad, me pican el ojo y me hincan el hígado”, dijo alguna vez al referirse a personas de mayores ingresos.

El problema es que la economía no puede manejarse desde el resentimiento ni desde consignas ideológicas trasnochadas. Mucho menos en un país que todavía arrastra enormes brechas sociales, informalidad masiva y baja productividad.

El Perú necesita más inversión, más formalidad y más competitividad. No discursos políticamente atractivos que terminan desconectados de la realidad económica y laboral del país.