ANP en debate: ¿conservación o intereses ajenos?

El Congreso peruano se encuentra ante una decisión que marcará el rumbo de la política ambiental y pesquera del país: aprobar o rechazar el proyecto de ley 5666/2023-CR, que plantea la prohibición absoluta de la pesca industrial en todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La iniciativa, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ha generado un debate intenso, entre quienes presentan la prohibición como una medida de conservación y quienes advierten que, en el fondo, se trata de una propuesta antitécnica y desproporcionada que responde más a presiones externas que a la verdadera finalidad de proteger los ecosistemas.

A primera vista, prohibir puede parecer sinónimo de conservar. Sin embargo, la realidad es más compleja. Las ANP no son espacios homogéneos: la propia Ley 26834 reconoce zonas de uso directo donde se permite el aprovechamiento sostenible, siempre bajo criterios técnicos y científicos. Una prohibición general ignora esta lógica y sustituye la gestión adaptativa por rigidez normativa.

El gremio pesquero industrial ha levantado su voz de protesta. En una carta dirigida al Presidente del Congreso, la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros señaló que la iniciativa es “arbitraria, antitécnica y profundamente lesiva para el sector pesquero nacional”, denunciando además que nunca fueron convocados al debate pese a representar a miles de familias que dependen de esta actividad. El gremio cuestiona la ausencia de respaldo técnico y recuerda que “ni la Comisión de Producción, ni el Ministerio de la Producción, ni el Instituto del Mar del Perú emitieron opinión favorable, señalando que la propuesta genera duplicidad normativa e inseguridad jurídica”.

Más allá de las denuncias políticas, lo cierto es que el debate debe centrarse en la evidencia. El Perú cuenta con uno de los sistemas de control pesquero más estrictos de la región, con cuotas, vedas, monitoreo satelital (SISESAT) y fiscalización multisectorial. La coexistencia entre conservación y pesca industrial no es una quimera; experiencias como la Reserva Nacional Dorsal de Nasca muestran que la zonificación permite compatibilizar usos sin sacrificar los objetivos de conservación.

La tendencia internacional tampoco respalda prohibiciones generales. Los modelos modernos de conservación promueven manejo adaptativo, compatibilidad de usos y monitoreo permanente. La prohibición total es la excepción, no la regla. Ni el sistema de Naciones Unidas ni el derecho comparado establecen prohibiciones generales; la tendencia global es el manejo adaptativo, con zonificación, monitoreo y regulación específica por área.

El impacto económico y social de una medida así sería enorme. La pesca industrial formal genera empleo formal y descentralizado, sostiene cadenas productivas clave y contribuye a la seguridad alimentaria. Restringirla sin evidencia no mejora la conservación, pero sí debilita la economía formal y puede incentivar la informalidad, un efecto rebote que nadie quiere admitir.

Por ello, la Comisión de Producción del Congreso evaluó estas iniciativas en abril de 2024 y resolvió su inviabilidad, recomendando su archivo. Avanzar con una prohibición absoluta, desconociendo esa opinión técnica, implicaría legislar desde la ideología y no desde la evidencia científica ni en coherencia con la legislación ambiental y pesquera vigente.

Ante lo dicho, podemos concluir que las Áreas Naturales Protegidas requieren gestión inteligente y diferenciada, no prohibiciones generales. Una norma que elimine de manera absoluta la pesca industrial sería técnicamente infundada, jurídicamente riesgosa, económicamente dañina y ambientalmente ineficaz. La alternativa adecuada es regular cada caso mediante zonificación y monitoreo permanente, asegurando que conservación y desarrollo puedan coexistir de manera sostenible.

El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con objetividad y transparencia, escuchando a todos los actores y basándose en evidencia científica. Prohibirlo todo puede parecer sencillo, sobre todo cuando se cede a presiones externas, pero administrar los recursos en beneficio de los peruanos exige pensar en la sociedad en su conjunto y en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.