La acuicultura en el Perú ha sido, por años, un sector con enorme potencial, pero sin el impulso suficiente para consolidarse. Tras un 2025 marcado por caídas en especies tradicionales como la trucha y la concha de abanico, el 2026 abre un nuevo escenario.
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) proyecta un crecimiento superior al 9 %, apoyado en beneficios tributarios, financiamiento accesible y un renovado marco sanitario. La pieza que faltaba no era la ley, sino su activación efectiva.
Según la Estadística Pesquera Mensual de la Actividad de Acuicultura (PRODUCE, 2025), el año pasado la cosecha acuícola cayó 10,5 %, pero el langostino creció 17,5 %, sosteniendo exportaciones por US$ 347,8 millones hacia Estados Unidos, Corea del Sur y España. Esa resiliencia demuestra que la acuicultura es un pilar de la economía azul que puede replicar el éxito de la agroexportación si se le brinda el entorno adecuado.
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En el 2022, se promulgó la Ley N.º 31666, que estableció un marco de promoción y fortalecimiento de la acuicultura. Sin embargo, durante unos años su impacto fue limitado, pues los beneficios tributarios estaban en el papel, pero no llegaban de manera clara a los productores. En abril de 2026, SUNAT finalmente emitió las disposiciones relacionadas con el reintegro tributario del impuesto general a las ventas despuesto por la antes mencionada Ley.
Los beneficios incluyen:
- Recuperación anticipada del IGV en etapa preoperativa.
- Reintegro tributario del IGV incluso para operaciones exoneradas.
- Tasas diferenciadas del Impuesto a la Renta del 20 % con aumentos graduales posteriores.
- Depreciación acelerada del 20 % en infraestructura y equipos hasta 2031.
La diferencia es sustancial, lo que antes era una promesa normativa, hoy se convierte en una herramienta concreta para los acuicultores de menor escala (AREL) y de mediana empresa (AMYPE).
El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) complementa los beneficios tributarios con créditos blandos: tasas entre 3 % y 7 % anual, plazos de hasta 36 meses y montos de hasta S/ 192 500 para capital de trabajo, compra de equipos y ampliación de infraestructura. Solo en el primer trimestre de 2026 se otorgaron más de S/ 3,3 millones en créditos a pescadores artesanales y acuicultores.
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Este financiamiento permite modernizar instalaciones, adquirir tecnología y mejorar la rentabilidad, pero también exige formalización: inscripción en el RUC y autorizaciones vigentes (AREL/AMYPE). La política pública busca así un doble objetivo: crecimiento y formalización.
Según Sanipes (Boletín institucional, abril 2026), más de 3.500 productores acuícolas participaron en programas de extensión orientados a inocuidad y sostenibilidad. Además, el Perú culminó con resultados favorables las auditorías de la Comisión Europea (DG Sante, diciembre 2025), lo que garantiza la continuidad de las exportaciones hacia la Unión Europea y consolida la credibilidad internacional del sistema sanitario nacional. La articulación entre PRODUCE, SUNAT y Sanipes es lo que convierte a la norma en motor real de desarrollo.
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La diversificación hacia la concha de abanico en Sechura se impulsa con inversiones en infraestructura y laboratorios de semillas, buscando reducir la presión sobre bancos naturales. Sin embargo, estudios de sostenibilidad ambiental (Fundación Promoción Social, 2024) advierten que la bahía enfrenta riesgos de contaminación y requiere controles más estrictos de efluentes y ordenamiento territorial para evitar conflictos sociales y daños irreversibles.
La competencia internacional es intensa y países como China, Indonesia e India dominan la producción acuícola mundial. Para que el Perú logre posicionarse en ese escenario no basta con crecer en volumen, la clave está en diferenciarse a través de calidad, trazabilidad y certificaciones que transmitan confianza y sostenibilidad a los mercados más exigentes.
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La acuicultura peruana dejó de ser un sector emergente y hoy se perfila como un pilar estratégico de nuestra economía azul. La ley estaba vigente desde hace años, pero lo que faltaba era su activación y articulación efectiva. Con los beneficios tributarios administrados por SUNAT, el financiamiento de FONDEPES y la vigilancia sanitaria de Sanipes, el sector cuenta con las herramientas necesarias para fortalecer su crecimiento.
No basta con aprobar buenas normas, hay que hacerlas funcionar. Esa es, finalmente, la pieza que faltaba.
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