Cuando el Perú se unió por la salud

En medio del ruido electoral y las disputas ideológicas que marcan la agenda nacional, es fácil olvidar que el Perú ha sabido construir, en ciertos momentos, acuerdos de largo aliento. Uno de los más importantes —aunque hoy poco recordado— ocurrió en 2005, cuando catorce partidos políticos de todos los espectros ideológicos participaron activamente en un proceso de diálogo técnico-político que duró cerca de un año. El resultado fue el Acuerdo de Partidos Políticos en Salud, una hoja de ruta común que sentó las bases para una de las reformas más trascendentes del país: el Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

El AUS no fue producto de una imposición ni de una moda importada, sino de un consenso deliberado y bien informado. En ese entonces, solo el 36% de los peruanos contaba con algún tipo de seguro de salud. La fragmentación del sistema —con múltiples entidades descoordinadas— generaba duplicaciones, vacíos de cobertura y desigualdades profundas. A ello se sumaba un bajo gasto público en salud, tanto como porcentaje del PBI como en términos per cápita, lo cual limitaba seriamente la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud de manera efectiva.

El Acuerdo identificó estos problemas con claridad y planteó soluciones concretas. Los partidos coincidieron en que era necesario ampliar la cobertura aseguradora, clarificar funciones entre financistas, prestadores y reguladores, y fortalecer el rol rector del Estado. Esta visión no quedó en papel: años después, se aprobó la Ley Marco de Aseguramiento Universal, se creó el PEAS (el plan de beneficios que garantiza prestaciones mínimas para todos), se consolidó SUSALUD como ente regulador, y se incrementó de forma sostenida la inversión pública en salud.

Para 2020, más del 90% de la población peruana contaba con algún tipo de cobertura en salud. Aunque existen aún brechas por cerrar —especialmente en acceso efectivo, calidad de servicios y financiamiento sostenible—, no cabe duda de que el AUS ha significado un salto cualitativo en la garantía de derechos sociales en el país. Y lo más importante: ha sido una política que ha trascendido gobiernos, ministros y coyunturas.

Pero no basta con recordar. Hoy, el desafío es revitalizar este pacto social con una nueva pregunta: ¿cómo garantizamos que ese aseguramiento sirva realmente a las personas? La respuesta no pasa únicamente por ampliar coberturas o cambiar normas, sino por colocar al ciudadano en el centro del sistema. Es él quien experimenta las demoras, los trámites engorrosos, las colas interminables o las respuestas evasivas. Si el diseño institucional no mejora la oportunidad de atención ni la calidad del servicio, el aseguramiento corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía.

Escuchar a los ciudadanos no es populismo, es gobernabilidad. Por eso, el rumbo del AUS debe orientarse por sus experiencias reales: tiempos de espera, acceso a medicamentos, trato digno, claridad en los beneficios. Solo así el aseguramiento universal pasará de ser una estructura legal a una garantía efectiva.

La salud puede y debe seguir siendo un punto de encuentro. Para ello, toca actualizar el consenso original, con una brújula clara: que todo el sistema funcione al servicio del ciudadano. Esa es la mejor defensa de lo que ya hemos logrado.