
Desde el viernes 13 el abastecimiento de gas natural empezó a normalizarse progresivamente luego de la interrupción registrada en el sistema de transporte de Camisea operado por TGP. La reparación del ducto y el restablecimiento del flujo permiten recuperar gradualmente el suministro hacia Lima y Callao. Es una buena noticia. Pero más allá de la normalización operativa, lo ocurrido deja una reflexión que el país no debería pasar por alto.
Durante años se repitió que el Perú contaba con una matriz energética robusta (o eso creíamos). Y, en parte, esa afirmación tenía fundamento. El desarrollo de Camisea permitió reducir la dependencia del diésel en la generación eléctrica, dio competitividad a la industria y transformó el transporte urbano con el GNV. El gas natural se convirtió en uno de los pilares de la seguridad energética del país.
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Sin embargo, esa fortaleza siempre convivió con una debilidad conocida: la dependencia de un único sistema de transporte. Técnicamente, el gas que abastece a gran parte del país viaja por un solo ducto. Mientras ese sistema funciona, el modelo parece sólido. Pero cuando se interrumpe, el impacto se propaga rápidamente.
Miles de conductores que dependen del GNV tuvieron que migrar de inmediato a gasolina.

Los más afectados fueron, una vez más, los amigos taxistas que operan con márgenes ajustados y dependen del bajo costo del gas para sostener su actividad diaria. Con la restricción del GNV, tuvieron que recurrir a gasolina en cuestión de horas. En varios distritos de Lima, los precios subieron rápidamente, registrándose incrementos incluso superiores al 30% en algunos grifos. Para quienes trabajan en la calle todos los días, ese cambio no es un dato estadístico: es un golpe directo al ingreso diario.
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Lo ocurrido demuestra que la discusión energética del país no puede limitarse a restaurar el ducto cada vez que ocurre una interrupción. La pregunta de fondo es cómo evitar que un incidente puntual vuelva a desencadenar un efecto dominó sobre la economía.
“La pregunta de fondo es cómo evitar que un incidente puntual vuelva a desencadenar un efecto dominó sobre la economía.”
Una primera alternativa que ha vuelto al debate es la construcción de una planta regasificadora. Este tipo de infraestructura permitiría importar gas natural licuado, regasificarlo e inyectarlo al sistema cuando el suministro interno se vea comprometido. No reemplaza al sistema existente, pero puede actuar como un mecanismo de respaldo ante interrupciones.
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Una segunda línea de acción es introducir redundancia en el sistema de transporte, particularmente en los tramos más sensibles del ducto en la selva. Contar con infraestructura paralela permitiría mantener el flujo de gas incluso si uno de los sistemas falla, reduciendo el riesgo de que una interrupción puntual paralice el abastecimiento nacional.
Finalmente, el país necesita reactivar la exploración de nuevas reservas de gas natural. La dependencia casi exclusiva de Camisea no solo es un problema de transporte, sino también de concentración de oferta. Diversificar fuentes de producción ayudaría a reducir esa exposición.
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El gas natural seguirá siendo un activo estratégico para el Perú durante las próximas décadas. Pero los sistemas energéticos modernos no se evalúan solo por su eficiencia en condiciones normales, sino por su capacidad de resistir interrupciones.
La normalización del suministro marca el cierre de una emergencia. Lo que el país decida hacer después definirá si esta crisis fue simplemente un episodio más o una señal de alerta que finalmente llevó a fortalecer el sistema energético nacional.
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