Déjà vu: señales que el Perú ya conoce

En política, las señales importan. Y cuando se repiten, también alertan. El plan de gobierno de Roberto Sánchez deja una sensación conocida: un déjà vu de lo que el país vivió durante el gobierno de Pedro Castillo. No porque se hayan concretado cambios estructurales en las reglas económicas, sino por el deterioro en la calidad de la gestión pública, el copamiento de entidades con cuadros sin la experiencia necesaria y la incertidumbre que marcó ese periodo.

Las similitudes no son menores. Se plantea un mayor protagonismo del Estado en la economía, la revisión de contratos y reglas de juego, y un enfoque redistributivo que prioriza transferencias. Todo ello con escaso desarrollo sobre cómo se financiarán estas medidas sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

El énfasis vuelve a estar en el Estado como actor principal, más que en la inversión privada como motor de crecimiento. El problema no es la intención de atender brechas —que son reales—, sino el camino elegido. La experiencia peruana y regional muestra que, cuando el Estado asume un rol empresarial, los resultados suelen ser ineficientes: empresas públicas con pérdidas recurrentes, espacios propensos a la corrupción, designaciones políticas y una provisión de servicios que no necesariamente mejora en calidad ni en cobertura.

A ello se suma un costo que suele pasar desapercibido. Convivir con empresas estatales deficitarias implica destinar recursos públicos para cubrir pérdidas; recursos que provienen de los contribuyentes y que podrían utilizarse en cerrar brechas en salud, educación o infraestructura. Hoy lo vemos en carne propia con Petroperú. No es solo un problema de eficiencia; es también un problema de asignación de recursos.

En paralelo, la discusión sobre una nueva Constitución reaparece como solución a múltiples problemas. Como ya se ha señalado en más de una oportunidad, cambiar las reglas de juego no resolverá las urgencias de la población de la noche a la mañana. Por el contrario, abre riesgos importantes. Entre ellos, debilitar el capítulo económico que ha sido clave para la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversión en las últimas décadas. Introducir un rol más activo del Estado como empresario, en ese contexto, no haría sino elevar la incertidumbre y desincentivar la inversión.

A ello se suma un cuestionamiento a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), uno de los pilares de la estabilidad de precios y la credibilidad macroeconómica del país. Abrir ese frente no es menor en una economía en desarrollo que depende de la confianza para sostener el crecimiento. Sería un grosero error abrir el espacio para la manipulación política del BCRP.

No se trata de un ejercicio teórico. Sánchez fue parte del gobierno de Castillo. Conoce desde dentro lo que ocurrió. Y precisamente por eso, cabe preguntarse si, en una eventual segunda oportunidad, intentaría avanzar en una agenda similar con mayor rapidez y menor apego al marco institucional.

El Perú compite por atraer inversión en un entorno global cada vez más exigente. Debilitar las reglas, aumentar la incertidumbre y apostar por un Estado empresario no es el camino. El país ya estuvo expuesto a repetir esa ruta, una que dejó costos altos en décadas pasadas. Insistir en ella no sería una apuesta; sería reincidir en un error conocido.