El mundo después de Ormuz

Por el estrecho de Ormuz transitan cada día cerca de 21 millones de barriles de petróleo, alrededor de una quinta parte del consumo mundial, además de aproximadamente el 20% del comercio global de gas natural licuado. Es una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Si ese flujo continúa con fuerte interrupción durante varios meses dada la escalada militar en Medio Oriente, el problema deja de ser una noticia geopolítica para convertirse en un shock directo sobre la capacidad productiva de la economía mundial.

En los mercados financieros los conflictos suelen aparecer primero como episodios de volatilidad: suben los precios del petróleo, aumentan las primas de riesgo y los inversionistas buscan refugio en activos considerados seguros. Pero cuando una guerra afecta los principales corredores logísticos del comercio energético, el impacto trasciende los mercados y se traslada rápidamente a la economía real.

En un escenario de interrupción prolongada, distintos analistas energéticos estiman que el precio del petróleo podría ubicarse, persistentemente, por encima de los 110 o incluso 120 dólares por barril, dependiendo de la magnitud de la disrupción del suministro desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Un aumento de esa magnitud implica mayores costos de transporte marítimo, terrestre y aéreo, encarece la producción industrial y presiona al alza los precios de prácticamente todos los bienes que dependen intensivamente de energía. La energía no es solo un bien más dentro de la economía: es un insumo transversal que atraviesa prácticamente todos los procesos productivos.

Pero el impacto no se limitaría al petróleo. La región del Golfo también es un actor central en la producción global de insumos petroquímicos y fertilizantes. Una parte muy significativa del comercio internacional de urea y fertilizantes nitrogenados depende de flujos logísticos que atraviesan o están vinculados a esa zona. En algunos mercados se estima que cerca de un tercio del comercio global de urea puede verse afectado por disrupciones en esa ruta. Si ese suministro se restringe durante varios meses, los efectos se trasladan rápidamente a múltiples sectores productivos.

La agricultura es uno de los ejemplos más evidentes porque depende intensamente de fertilizantes, pero no es el único sector afectado. Los fertilizantes influyen directamente en el costo de producción de alimentos básicos, lo que puede presionar al alza los precios agrícolas globales. Sin embargo, los derivados petroquímicos también son insumos clave en la industria química, en la producción de plásticos, textiles sintéticos, empaques industriales, productos farmacéuticos y numerosos procesos manufactureros. En otras palabras, una interrupción prolongada en esta región no solo encarece la energía, sino también múltiples insumos intermedios utilizados en la producción global.

Este tipo de shock introduce además una complejidad adicional para la política monetaria global. Durante los últimos meses, muchos bancos centrales venían evaluando iniciar ciclos de reducción de tasas de interés tras la desaceleración inflacionaria posterior a la pandemia. Sin embargo, cuando la inflación proviene de un shock de oferta energético, el margen de maniobra es mucho menor. Si el petróleo y otros insumos productivos vuelven a presionar los precios, los bancos centrales podrían verse obligados a mantener tasas elevadas durante más tiempo o incluso endurecer la política monetaria para evitar que las expectativas inflacionarias se desanclen. El riesgo es el retorno de un escenario que el mundo creía superado desde los años setenta: crecimiento débil combinado con inflación persistente, es decir, estanflación.

Para América Latina, un escenario así tendría efectos heterogéneos. Algunos países exportadores de hidrocarburos podrían beneficiarse de precios más altos. Pero para muchas economías de la región, altamente dependientes de importaciones de combustibles y de insumos productivos derivados del petróleo, el impacto sería principalmente inflacionario.

En el caso del Perú, los efectos se sentirían por varios canales simultáneos. El primero es el energético. El país importa una parte importante de los combustibles que consume. Solo en diésel, las importaciones superan los 100 mil barriles diarios, combustible fundamental para el transporte de mercancías, la maquinaria agrícola, las operaciones mineras y buena parte de la logística nacional. Un aumento sostenido del precio del petróleo se trasladaría rápidamente a los costos de transporte y distribución, presionando la estructura de precios internos.

El segundo canal es productivo. Perú depende en gran medida de insumos importados para diversas actividades económicas. En el caso de los fertilizantes, más del 70% del consumo nacional proviene del exterior, siendo la urea uno de los principales insumos utilizados en la agricultura. Durante la crisis internacional de fertilizantes en 2022, los precios de la urea llegaron a superar los 800 dólares por tonelada, cuando en condiciones normales se ubicaban por debajo de los 300 dólares. Un escenario de disrupción prolongada en el Golfo podría volver a generar presiones similares. Y este impacto sería extensivo, elevando los costos de producción en múltiples sectores de la economía.

Un tercer canal es el financiero. Cuando aumentan los riesgos geopolíticos globales, los inversionistas suelen reducir su exposición a economías emergentes. Esto suele traducirse en mayores primas de riesgo, presión sobre los tipos de cambio y episodios de volatilidad financiera. En un contexto de petróleo caro y mayor incertidumbre global, el tipo de cambio en economías emergentes como Perú podría enfrentar presiones alcistas, amplificando el impacto inflacionario interno.

El país cuenta, sin embargo, con algunos amortiguadores. Perú es uno de los principales productores mundiales de oro y cobre, dos metales que suelen beneficiarse en contextos de incertidumbre global. Un ciclo alcista de estos minerales podría generar mayores ingresos por exportaciones y compensar parcialmente el impacto negativo del encarecimiento energético.

Aun así, el balance neto de un conflicto prolongado en Medio Oriente sería claramente desafiante. El Perú enfrentaría mayores presiones inflacionarias, mayores costos productivos y mayor volatilidad financiera internacional. En ese contexto también aparecería un desafío importante para la política monetaria. Si el encarecimiento del petróleo, de los fertilizantes y de otros insumos productivos presiona nuevamente la inflación, el Banco Central de Reserva del Perú podría verse obligado a ralentizar o incluso detener el ciclo de reducción de tasas de interés que muchos analistas esperan para los próximos trimestres. La experiencia reciente muestra que los shocks energéticos se trasladan relativamente rápido a la inflación local, sobre todo a través de combustibles, transporte y alimentos. Si el tipo de cambio además se deprecia en un entorno global más incierto, el efecto inflacionario podría amplificarse.

Hoy es difícil anticipar la probabilidad de que un escenario de estrés tan alto para la economía global llegue efectivamente a materializarse. Los conflictos geopolíticos suelen moverse en un terreno de gran incertidumbre, donde las escaladas y desescaladas pueden cambiar rápidamente el panorama. Sin embargo, desde la perspectiva económica, ignorar estos riesgos no es una opción. Para países como el Perú, altamente integrados al comercio internacional y dependientes de insumos energéticos importados, lo más sensato es anticipar escenarios y fortalecer los amortiguadores macroeconómicos. Al fin y al cabo, como dice el refrán —nunca más pertinente que en este caso—, guerra avisada no mata gente… o al menos permite minimizar los daños.