Un conflicto de mayor escala en el Medio Oriente suele generar una prima de riesgo geopolítico sobre el precio del petróleo, más aún si involucra a países de alta producción como Arabia Saudita, Irán o Emiratos árabes Unidos. La sola posibilidad de interrupciones en la oferta introduce volatilidad inmediata en los mercados energéticos. Si el riesgo escala y se comprometen rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz —por donde transita entre el 20% y el 30% del crudo mundial—, el impacto puede ser significativo. No sería extraño ver el barril superar los US$ 100 en un escenario de escalada sostenida.
El canal de transmisión no se limita al petróleo. En contextos de alta incertidumbre, el dólar tiende a apreciarse como activo refugio. Los capitales más líquidos migran hacia EE. UU., presionando al alza el tipo de cambio en economías emergentes. Para el Perú, ello implicaría mayores costos en moneda extranjera y la posible reversión de parte del terreno ganado con la reciente apreciación del sol.
A ello se suma el encarecimiento de las importaciones. No solo hablamos de combustibles. El Perú importa bienes de capital y bienes intermedios clave para su aparato productivo: fertilizantes para la agricultura, maquinaria y equipos industriales. Una combinación de petróleo más caro y un dólar fortalecido termina trasladándose a mayores costos logísticos y productivos y, finalmente, a presiones inflacionarias.
En paralelo, el impacto sobre los metales puede ser mixto. El oro, tradicional activo refugio, suele apreciarse en contextos de tensión geopolítica. Pero los metales industriales, como el cobre, dependen más de las expectativas de crecimiento global. Si el conflicto desacelera la economía mundial, los precios podrían resentirse, afectando nuestros ingresos de exportación.
Nuestro problema es estructural. Somos importadores netos de petróleo. Producimos poco más de 50,000 barriles diarios y consumimos alrededor de 300,000. Más del 80% de lo que utilizamos proviene del exterior. Cualquier shock internacional nos impacta de manera directa. Ya lo vivimos con la guerra entre Rusia y Ucrania: el alza de fertilizantes y alimentos tuvo efectos concretos sobre la inflación global y local.
Sin embargo, la vulnerabilidad energética no es un accidente reciente. Desde 2016, durante el gobierno del presidente Humala, la inversión en exploración petrolera prácticamente se paralizó. La introducción de trámites cada vez más complejos y una creciente incertidumbre regulatoria desincentivaron la inversión privada en hidrocarburos. El resultado es elocuente: entre enero y noviembre de 2025 la inversión en exploración apenas alcanzó los US$ 9.2 millones, frente a los US$ 317 millones en 2015 y los US$ 502 millones en 2014. Sin exploración no hay nuevos hallazgos; sin nuevos hallazgos, la producción declina.
La geopolítica no está bajo nuestro control. Nuestra política energética, sí. Persistir en un marco que desalienta la inversión y reduce la producción propia nos mantiene expuestos a cada shock externo. Diversificar fuentes, modernizar la regulación y recuperar competitividad en exploración no es un capricho: es una necesidad económica que atenuaría, de alguna u otra manera, nuestra vulnerabilidad en el sector.
En un mundo más volátil, la resiliencia no se improvisa. Se construye con inversión, reglas claras y decisiones oportunas.

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