Regular y distorsionar

Regular no siempre es sinónimo de ordenar. En muchos casos, regular sin entender termina distorsionando el mercado y perjudicando justamente a quienes se busca proteger. A propósito del debate sobre las plataformas digitales de transporte, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) ha publicado el informe “Movilidad sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú”, del cual se desprenden propuestas como exigir que las plataformas operen mediante empresas constituidas en el país o imponer estándares homogéneos de seguridad y atención de incidentes. Si bien la protección del consumidor es un objetivo legítimo, el enfoque parte de una premisa equivocada: confundir intermediación tecnológica con prestación directa del servicio.

Las plataformas digitales no son empresas de transporte ni flotas de vehículos; son intermediarios tecnológicos que conectan oferta y demanda. Cargarles responsabilidades propias de un operador tradicional implica interferir en su modelo de negocio y, como suele ocurrir, trasladar mayores costos al usuario final. No hay regulación gratuita. Toda obligación adicional —legal, administrativa o laboral— termina reflejándose en tarifas más altas, menor disponibilidad del servicio o salida de competidores más pequeños del mercado.

Paradójicamente, varios de los problemas que ASPEC identifica —objetos olvidados, reclamos, atención de incidentes— eran prácticamente imposibles de resolver en el taxi “de la calle”. Olvidar un objeto en un servicio tradicional rara vez terminaba en su devolución. Hoy, gracias a las plataformas, existe trazabilidad del viaje, canales de contacto, historial del conductor y sistemas de reputación. No son mecanismos perfectos, pero representan una mejora sustancial frente a un esquema previo marcado por la informalidad y la ausencia total de responsabilidad.

Muchos de los estándares que se proponen imponer por ley podrían ser asumidos voluntariamente por las propias plataformas como elementos de diferenciación competitiva: mejores protocolos de atención, respuestas más rápidas ante incidentes, seguros adicionales o sanciones a conductores y usuarios que incumplen reglas. Eso es competencia. Imponerlos por norma, en cambio, reduce incentivos, homogeneiza el servicio y encarece la experiencia para el consumidor.

El debate suele desviarse, además, hacia la relación laboral de los conductores. Forzar una relación de dependencia donde no existe no crea protección; crea exclusión. Miles de personas que hoy valoran la flexibilidad —horarios, ingresos complementarios, autonomía— quedarían fuera del sistema o empujadas nuevamente a la informalidad. El problema de fondo no es la plataforma, sino un sistema de protección social mal diseñado, que no acompaña las nuevas formas de trabajo.

La experiencia internacional es clara. Regulaciones mal diseñadas han reducido la oferta de servicios en varias ciudades, disminuido la competencia y consolidado mercados en manos de pocos actores capaces de absorber mayores costos. En esos escenarios, pierde el usuario, pierde el conductor y pierde la innovación.

Proteger al consumidor no implica rediseñar por decreto modelos de negocio que han demostrado mejoras respecto a sus sustitutos informales. Implica información clara, mecanismos de reclamo efectivos, sanciones proporcionales y reglas simples. Regular no es imponer; es entender cómo funciona el mercado antes de intervenirlo.

El Perú no necesita más normas que encarezcan servicios que funcionan razonablemente mejor que lo que existía antes. Necesita regulación inteligente, basada en evidencia, que promueva competencia y preserve la innovación. De lo contrario, en nombre del orden, terminaremos distorsionando.