
A menos de 5 meses de que pase al retiro, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ratificó a Pablo Sánchez como fiscal supremo titular al considerar que supuestamente este no cumplió con los estándares de idoneidad y probidad para mantenerse en el Ministerio Público.
La ponencia estuvo a cargo del consejero Cayo Galindo, quien opinó que Sánchez no debería continuar en la Fiscalía por los procesos disciplinarios en la JNJ y una supuesta intervención en la ilegal diligencia del exfiscal provisional Rodrigo Rurush a la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Votaron a favor de la ponencia de Galindo los consejeros Gino Ríos, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Germán Serkovic. También respaldó el cese el consejero Francisco Távara, pero con un voto singular ya que está de acuerdo con la decisión, pero no por ninguno de los fundamentos de la ponencia.
Solo el miembro Jaime de la Puente votó por ratificar en el cargo al fiscal supremo decano.
Según fuentes de Infobae, Pablo Sánchez interpondrá el recurso de reconsideración. Sin embargo, esto no suspenderá el efecto de la no ratificación una vez que sea notificada formalmente, que ocurriría en los próximos días.
Arbitrario
Para sacar a Pablo Sánchez del Ministerio Público, la JNJ prácticamente reabre y revalora los procesos disciplinarios cerrados contra Pablo Sánchez.
Para empezar sacan a colación la suspensión que le impuso la anterior JNJ por supuestamente haber cobrado tres ingresos del Estado (se usó una cuestionada interpretación de la ley). Al respecto, la ponencia aprobada dice que este hecho, la sanción, comprueba que Pablo Sánchez incurrió en faltas muy graves en el cargo que ameritan que no siga en el cargo.
Efectivamente, más allá de la controversia sobre la interpretación que se hizo a las normas sobre remuneraciones, para la anterior JNJ Sánchez incurrió en falta muy grave, la misma que fue evaluada y sancionada en su oportunidad. Sin embargo, la nueva JNJ usa este hecho para justificar la no ratificación.
Lo mismo ocurre con el proceso disciplinario por supuestamente haber recomendado a su hijo para que sea contratado en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) allá por 2016.

En este extremo la arbitrariedad queda comprobada porque la anterior JNJ declaró prescrito el caso, es decir, se extinguió la potestad de sancionar este caso en la vía administrativa por el paso de los años. Pero la ponencia recoge el informe de instrucción de ese proceso disciplinario para tratar de fundamentar la no ratificación.
Así, por supuestamente recomendar a su hijo, el informe proponía la destitución de Pablo Sánchez, pero no se votó porque prescribió el caso. No obstante ello, el ponente Cayo Galindo revive este informe, aunque el mismo reconoce que no está probado el hecho imputado.
“A juicio de este despacho la gravedad que entraña esas imputaciones hubieran justificado con demasía la imposición de una sanción gravosa como la separación definitiva del cargo, destitución, en caso se hubiera probado en el marco de este procedimiento”, dijo.
Galindo también mencionó como una razón para no ratificar a Pablo Sánchez la supuesta intervención para que se suspenda la ilegal intervención en el IDL.
Sánchez dijo que efectivamente llamó al fiscal provisional Rurush, pero este ya había suspendido la diligencia. Incluso Tomás Gálvez recientemente dijo que ese cuestionamiento contra Sánchez no tenía asidero.
La JNJ consuma una venganza que no pudieron hacer sectores políticos.
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