Con sustento, firmeza y decisión ante la OROP-PS

La primera semana de marzo marcará un momento relevante para la gobernanza del Pacífico Sur. Del 2 al 6 de marzo de 2026, en Ciudad de Panamá, se realizará la décima cuarta reunión de la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), un espacio donde se adoptan decisiones que influyen directamente en el futuro de recursos estratégicos como el jurel y el calamar gigante.

En dicha reunión se definen reglas, enfoques y prioridades que afectan la sostenibilidad de las pesquerías y la posición de los Estados ribereños frente a la actividad de estos en alta mar. Por ello, el Perú debe llegar con una delegación preparada, con propuestas claras y una posición firme orientada a la defensa de sus intereses marítimos y al aprovechamiento responsable de sus recursos hidrobiológicos.

En las últimas décadas, el Perú ha demostrado que gestiona sus recursos marinos bajo el principio precautorio. Nuestra legislación establece cuotas de captura y fija, de manera previa al inicio de cada temporada de pesca, tallas mínimas permitidas, con un nivel de exigencia y anticipación que no siempre se observa en otros países de la región. En ese marco, el manejo peruano del jurel ha sido coherente y, en muchos aspectos, incluso más riguroso que el acordado a nivel regional. Tallas mínimas de captura, tamaños de malla definidos, vedas y controles efectivos integran un esquema que ha permitido sostener la actividad sin comprometer la sostenibilidad del recurso.

Sin embargo, la OROP-PS continúa tratando al jurel como si se tratara de una sola unidad biológica homogénea. Es decir, la realidad del océano es compleja. El jurel presenta comportamientos distintos según las zonas del Pacífico Sur, con diferencias claras entre el norte y el sur. Ignorar esta diversidad favorece a quienes concentran los mayores historiales de captura y limita las oportunidades de países que, como el Perú, han optado por un manejo más responsable y adaptado a su realidad.

Desde el ámbito científico vinculado a la pesquería de jurel han surgido observaciones técnicas. En un análisis actualizado del profesor Eleuterio Yáñez Rodríguez y sus colegas sobre la pesquería de jurel en el Pacífico Suroriental entre 1973 y 2025, se advierte que la estimación tradicional de la abundancia del recurso, basada en el índice de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), puede ser menos optimista de lo que aparenta. El estudio muestra que la concentración del jurel en áreas costeras y las correcciones aplicadas a los índices reducen significativamente la estimación de rendimiento máximo sostenible, lo que sugiere que las medidas de manejo deben considerar estas limitaciones para no sobreestimar la biomasa disponible.

En paralelo, el Perú ha sostenido su actividad pesquera sobre la base de la compatibilidad de medidas reconocida por la propia organización regional. Gracias a ello, ha podido asignarse volúmenes acordes con su realidad productiva, manteniendo elevados estándares de control. Esta posición ha sido consecuencia del resultado de una política que prioriza la sostenibilidad y la evidencia científica.

A este escenario se suma un asunto que, debemos poner especial atención y firmeza en la negociación. Se trata de la intención de Chile de impulsar un Área Marina Protegida en alta mar en las cordilleras submarinas de Salas y Gómez, promoviendo que su alcance se extienda hasta la Dorsal de Nazca. El punto crítico no es la conservación, sino la forma en que se pretende implementar.

La Dorsal de Nazca responde a un esquema de zonificación vertical que resguarda los ecosistemas del fondo marino sin afectar actividades pesqueras que se desarrollan en la superficie y que no guardan relación directa con esos hábitats. Esta aproximación reconoce la complejidad del océano y permite compatibilizar conservación y uso sostenible.

Proponer una protección estricta para toda la columna de agua resulta una medida desproporcionada. Más aún cuando el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ha sustentado ante la OROP-PS que no existe conexión ecológica entre Salas y Gómez y la Dorsal de Nazca. Persistir en esa ampliación revela una agenda que va más allá de la protección ambiental y que podría traducirse en restricciones generalizadas a la pesca industrial en alta mar, bajo nuevos marcos internacionales de gobernanza marina.

El Perú cuenta con argumentos, respaldo científico y una trayectoria de manejo responsable que lo avalan. Defender nuestros recursos no significa oponerse a la conservación, sino exigir que esta se base en evidencia científica, proporcionalidad y respeto por las posiciones nacionales.