El Gobierno de Perú publicó el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, que establece disposiciones complementarias para la aplicación de la Ley N° 32490, destinada a combatir los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías.
La medida busca fortalecer la seguridad operativa, proteger a trabajadores y usuarios y asegurar la continuidad de los servicios afectados por el crimen organizado en el sector.
El gobierno de Perú aprueba decreto para enfrentar mafias en el transporte público
La nueva disposición, firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré y refrendada por los titulares de los ministerios de Transporte, Interior, Justicia, Economía, Trabajo y Salud, responde a la urgencia de garantizar la movilidad social y el abastecimiento.
Entre los puntos más relevantes, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) supervisarán los flujos financieros de las empresas de transporte público y de transporte de mercancías para detectar movimientos vinculados a extorsión, conforme a la legislación vigente sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Según lo publicado por El Peruano, esto significa que los bancos y entidades financieras deberán alertar a la UIF sobre operaciones sospechosas en las cuentas de los transportistas, como transferencias inusuales o pagos que puedan estar relacionados con extorsionadores.
El nuevo decreto obliga a bancos y empresas a reportar operaciones dudosas ante SBS
Las empresas bajo observación incluyen compañías de buses interprovinciales, transporte urbano, taxis, camiones y furgones de carga. El objetivo es identificar patrones que permitan rastrear pagos forzados a organizaciones criminales.
La UIF tendrá acceso en línea a la base de datos de personas denunciadas por extorsión y sicariato, gracias a la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Este acceso facilitará el cruce de información entre transferencias sospechosas y personas investigadas por estos delitos.
De acuerdo con el decreto, la UIF coordinará acciones de investigación con la PNP para profundizar en los movimientos de dinero detectados, lo que podría incluir la solicitud de información adicional a bancos y empresas de transporte sobre el origen y destino de fondos.
La coordinación policial y fiscal se intensificará para bloquear recursos de las mafias en transporte
El alcance económico de la norma no se limita al monitoreo de cuentas bancarias. El decreto también prevé la participación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en el rastreo de flujos ilícitos.
Según el artículo 18, la SUNAT formará parte de un grupo interinstitucional encargado de coordinar investigaciones conjuntas con la UIF, la PNP y el Ministerio Público.
Este grupo, según menciona el dispositivo publicado este lunes 19 de enero, tendrá la misión de seguir el rastro de dinero generado por extorsión, no solo dentro del sistema financiero, sino también en el ámbito tributario y aduanero.
MEF creará un fondo de apoyo para las víctimas de extorsión en el transporte público
En el aspecto de apoyo económico a las víctimas, la norma encarga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la creación de un fondo especial para ayudar a empresas y trabajadores afectados por la extorsión y el sicariato.
De acuerdo a lo consignado en El Peruano, este fondo permitirá financiar la reparación de daños y la reactivación de operaciones, compensando a quienes hayan sufrido pérdidas como consecuencia directa de la criminalidad en el sector.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) asumirá la tarea de apoyar la reinserción laboral de conductores, cobradores, propietarios y trabajadores de empresas de transporte que hayan resultado afectados por estos delitos.
Las víctimas podrán acceder a servicios públicos de empleo, capacitación y certificación de competencias laborales. El objetivo es facilitar la reintegración al mercado de trabajo, ya sea en el sector transporte o en otras áreas económicas.
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