
La fiscal adjunta provincial provisional Sandra Castro Castillo postulará al Senado de la mano del Partido Morado en las Elecciones 2026. Se trata de una de las sorpresas en la lista de invitados de la agrupación que tiene a Mesías Guevara como candidato presidencial.
Castro Castillo fue designada en el número 3 de la lista al Senado por distrito único electoral. La fiscal presentó junto a su postulación la solicitud de licencia sin goce de haber al despacho fiscal que pertenece, el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa.
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“Por razones personales solicito licencia sin goce de haberes, viajes familiares y otros, por un periodo del 12 de febrero al 12 de abril del 2026 (60 días naturales), por los motivos antes expuestos. Lo solicitado es en base a lo estipulado en la Resolución N°. 1547-2024-MP-FN, sobre la suspensión temporal del contratode trabajo por la licencia sin goce de haber solicitada", se lee en la solicitud. Esta fue aceptada por el fiscal provincial provisional Aurelio Estrada Ramos.

El Jurado Electoral Especial deberá determinar si la fiscal Sandra Castro no está inmersa en alguna incompatibiblidad establecida en las normas electorales y si su candidatura procede.

En este último escenario, Castro tendría que sobrepasar con éxito el periodo de tachas para que su candidatura sea oficialmente inscrita.
Polémicas
La carrera fiscal de Sandra Castro ha tenido altibajos. Su nombre, así como el de la fiscal Rocío Sánchez, se hizo conocido por destapar el caso Los Cuellos Blancos del Puerto cuando investigaba un caso de crimen organizado en el Callao.
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Luego de ello vinieron promociones, como integrar el primer equipo especial Cuellos Blancos y reconocimiento público. Sin embargo, en 2021, le llovieron críticas luego de que reveló en una entrevista que ella y Rocío Sánchez acudieron al domicilio de Martín Vizcarra para reunirse con él en 2018, cuando ya era presidente de la República y Pedro Chávarry había jurado como fiscal de la Nación. El objetivo, dijo, fue pedir “protección y ayuda” ante el temor por investigar a una red criminal que involucraba a magistrados de alto rango.
A raíz de dicha revelación, la fiscal de la Nación de entonces, Zoraida Ávalos, las removió del Equipo Especial, mientras que la recién instalada Junta Nacional de Justicia inició un proceso disciplinario inmediato contra las fiscales.
La JNJ, si bien determinó que Sandra Castro y Rocío Sánchez cometieron falta muy grave al reunirse con Vizcarra sin conocimiento de sus superiores, alegó que la fiscales no merecían la destitución, sino una sanción de menor intensidad (suspensión, retención de un porcentaje de su remuneración o amonestación). Esta sanción sería determinada por la Fiscalía Suprema de Control Interno.
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Tras la polémica, la carrera fiscal de Sandra Castro inició una nueva etapa, ahora alejada de la atención de los medios de comunicación y con un rango menor. En el caso Cuellos Blancos era fiscal provincial provisional, incluso en un tiempo llegó a ser coordinadora del Equipo Especial. Ahora, se desempeña como fiscal adjunta provincial provisional de una Fiscalía Penal de Lima Norte.
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