El Ejecutivo anunció la creación de un subsistema especializado para combatir la extorsión, el sicariato y el secuestro, en respuesta a la escalada de delitos violentos en el país. La medida busca fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, en un contexto de alta preocupación ciudadana por el avance de la criminalidad.
El dispositivo fue presentado tras la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidido por el mandatario José Jerí, y reúne a la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El objetivo principal es acelerar investigaciones y juicios, con especial atención a regiones como Lima, Trujillo y el norte del país, donde se concentra el mayor número de casos.
Subsistema inspirado en el modelo de flagrancia
El nuevo mecanismo adoptará un funcionamiento similar al modelo de flagrancia, que ha mostrado buenos resultados en el procesamiento ágil de delitos detectados en el acto. Se enfocará en extorsión, sicariato y secuestros, áreas señaladas como prioritarias por las autoridades debido a su impacto en la vida cotidiana y el temor social. La articulación directa entre policías, fiscales y jueces permitirá reducir los tiempos de respuesta y fortalecer la persecución penal.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de ofrecer respuestas más rápidas desde el Estado, comprometiendo a las tres instituciones para agilizar procesos y sentencias. Álvarez resaltó que, aunque existen avances —como la desarticulación de once bandas de extorsión en las últimas semanas y el uso creciente de inteligencia policial—, persiste una problemática con extorsionadores informales que actúan de manera individual o en pequeños grupos por motivaciones económicas inmediatas.
Facultades delegadas y contexto institucional
El subsistema será posible gracias a las facultades delegadas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo en diciembre, que habilitan la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC). Esta herramienta legal permite modificar procedimientos y asignar responsabilidades específicas a cada organismo sin requerir un presupuesto adicional de gran magnitud, según indicaron fuentes oficiales. El enfoque inicial estará en optimizar la coordinación interinstitucional y aprovechar los recursos ya disponibles en inteligencia y operaciones policiales.
Durante la sesión, Álvarez manifestó confianza en que se observarán resultados favorables en los próximos meses, aunque advirtió que la lucha contra el crimen organizado demanda una visión de mediano y largo plazo. Insistió en la importancia de mantener el esfuerzo conjunto de todas las áreas involucradas para enfrentar las nuevas modalidades delictivas que afectan a diversas zonas del país.
Estrategias recientes y fortalecimiento operativo
Desde octubre, el gobierno de José Jerí ha declarado estados de emergencia en varias regiones, incrementado la presencia policial e implementado herramientas tecnológicas como un banco de voces para identificar a extorsionadores. Las autoridades han destacado la necesidad de cortar los canales de financiamiento y comunicación de las redes criminales, además de reforzar la División de Secuestros y Extorsión con más efectivos.
El premier comparó la situación de la extorsión y el sicariato con fenómenos que generan un clima de temor similar al terrorismo, advirtiendo que no se trata únicamente de grandes bandas organizadas, sino también de delincuentes oportunistas. La estrategia oficial apunta a desarticular tanto las estructuras complejas como los actores individuales, con énfasis en la prevención y la respuesta rápida.
Recursos y enfoque presupuestal
En cuanto al financiamiento, las declaraciones oficiales no precisaron montos adicionales asignados para la implementación del subsistema. El gobierno subrayó que la prioridad inmediata es la articulación entre instituciones y el mejor uso de los recursos existentes, antes de considerar una ampliación presupuestaria. El énfasis está puesto en la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta, en un contexto de demandas ciudadanas por mayor seguridad y resultados concretos frente al avance del crimen.
Perú enfrenta una coyuntura de alta sensibilidad en materia de seguridad pública, con autoridades abocadas a responder a la ola de delitos que afecta la tranquilidad de la población y desafía la capacidad del Estado para garantizar el orden y la justicia.
