La violencia asociada a la extorsión en el transporte público de Lima y Callao vienen dejando numerosas víctimas y familias desamparadas, mientras las prometidas ayudas estatales —económicas y psicológicas— para los huérfanos de conductores asesinados siguen sin implementarse plenamente.
Según datos del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, 91 personas —entre chóferes, cobradores y pasajeros— murieron en ataques perpetrados por mafias de extorsionadores. A pesar de los anuncios oficiales, la carencia de un registro completo de víctimas y la falta de un plan efectivo de asistencia han incrementado la vulnerabilidad de los menores afectados, muchos de los cuales desconocen sus derechos y no han recibido el apoyo prometido.
Niñez en orfandad: cifras y vacíos estatales
El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, identificó 40 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por estos crímenes, todos familiares de 22 conductores asesinados.
No obstante, gremios de transportistas y la Fiscalía consideran que el número real podría triplicarse, ya que las cifras oficiales excluyen a cobradores y pasajeros fallecidos. Olga Ramos Huamán, directora de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento del INABIF, reconoció ante el dominical Punto Final que la lista remitida por el Ministerio del Interior en septiembre de 2025 solo abarcaba cuarenta víctimas, dejando fuera a numerosos afectados.
“Al parecer, no tenemos la lista completa, porque no la he recibido. He pedido a los gremios de transportistas que, si tienen el listado de menores en orfandad, me la entreguen, pero tampoco la tienen”.
Las familias frente al abandono
La situación de las familias es crítica. Carmen Mendoza Granados, madre de Juan Ibáñez —conductor asesinado en diciembre de 2024 en San Martín de Porres— relató el impacto devastador de la pérdida: “Es doloroso porque él no estaba enfermo, no estaba mal. Salió a trabajar y volvió en un cajón. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme”. Ibáñez criaba solo a su hijo, quien ahora queda al cuidado de sus abuelos, mientras la madre del menor debe trabajar jornadas extensas.
Mendoza denunció que el Gobierno del presidente José Jerí no cumplió con la entrega del bono de 200 soles mensuales ni con el apoyo psicológico prometido: “Leí en el periódico que iban a dar un bono de doscientos soles, luego dijeron que serían quinientos, pero no recibimos nada. Pobres transportistas, cuántos mueren”.
Ausencia de información y apoyo
La falta de acompañamiento estatal se evidencia en la escasez de información y orientación para las familias. Ramos Huamán explicó que, aunque existe una ley universal que protege a los menores en situación de orfandad, muchas familias no conocen sus derechos: “No es necesaria una norma específica para ellos, porque la ley ya los cubre. Son menores de edad en situación de orfandad y, si hablamos de vulnerabilidad, son más vulnerables porque han perdido a sus principales proveedores de manera violenta”. Sin embargo, admitió que el Estado no ha acudido a las familias para informarles ni facilitar el acceso a los beneficios.
El drama se repite en otros hogares. Diana Medina, madre de un adolescente huérfano tras el asesinato de Gustavo Salazar Yachachín —conductor de la empresa El Rápido, muerto en noviembre de 2024—, confirmó que su hijo solo recibió dos bonos, el último en diciembre de 2025, pero no obtuvo el apoyo psicológico anunciado: “Hoy estoy pagando ochenta soles por cada cita con el psicólogo. El colegio también me pidió un informe porque mi hijo ha bajado su rendimiento y está triste. Su papá lo llevaba a pasear, y ahora le afecta mucho su ausencia”.
La directora del INABIF reconoció las dificultades para brindar atención psicológica: “Tomamos conocimiento de que los centros de salud comunitarios no tenían vacantes para las atenciones y algunos estaban pagando un psicólogo privado. Por eso, asumimos con nuestros psicólogos de sede central la atención individualizada”. Sin embargo, la cobertura sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
Falencias y limitaciones en la respuesta estatal
La respuesta estatal se ha visto obstaculizada por la ausencia de datos precisos y la falta de coordinación interinstitucional. El Ministerio del Interior entregó un listado oficial de víctimas recién en septiembre de 2025, pese a que los crímenes se registran desde mediados de 2024. La relación, incompleta, no consideró a cobradores ni pasajeros, lo que complicó la identificación de todos los menores en orfandad. En total, el INABIF identificó a treinta y ocho niños afectados, el menor de apenas seis meses de edad, y un caso en que un transportista dejó cuatro hijos huérfanos.
La creación de la División de Investigación contra las Extorsiones, dirigida por el general Víctor Revoredo, fue anunciada el 3 de noviembre de 2025, pero persisten dudas sobre su presupuesto y recursos.
Revoredo declaró a Punto Final que la información es reservada y defendió la labor policial: “Tenemos más de 50 casos resueltos, de transportes unos veinticuatro o veinticinco. Nos falta mucho, estamos trabajando por mejorar”. Sin embargo, familiares de víctimas expresan su frustración ante la falta de avances y la impunidad. Diana Medina lamentó: “No se sabe nada. No han dado con ellos, aunque dicen que son las mismas personas que han matado en esta zona. Como fue todo con casco y de negro, no se llegó a reconocer y las cámaras no los enfocan bien”.
El acompañamiento policial a los transportistas, otra de las medidas anunciadas, tampoco se cumple efectivamente. Conductores denunciaron que los agentes solo los escoltan durante unas pocas cuadras antes de retirarse. El general Revoredo defendió el plan como parte de una estrategia de inteligencia y aseguró que la incidencia de extorsiones con violencia criminal ha disminuido: “Antes eran más intensos, ahora se ha reducido”. A pesar de ello, gremios de transportistas y familiares insisten en que los ataques continúan y que la protección sigue siendo insuficiente.
En el contexto nacional, la violencia letal mantiene una tendencia al alza. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se han registrado 2.104 homicidios en Perú, una cifra que supera los reportes anuales desde 2017. La ausencia de un registro integral de víctimas y la falta de un plan efectivo de asistencia agravan la situación de los huérfanos y sus familias, quienes afrontan el duelo y la precariedad sin el respaldo prometido por el Estado.
