Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador hacen un llamado a Venezuela ante crisis humanitaria y situación democrática

Seis países latinoamericanos expresaron su preocupación por la situación venezolana y pidieron respeto a los estándares internacionales de derechos humanos

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El presidente de Venezuela, Nicolás
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

Seis países latinoamericanos exigieron a la dictadura de Nicolás Maduro restablecer el orden democrático en Venezuela a través de un comunicado conjunto difundido este sábado 20 de diciembre por la Cancillería peruana.

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador manifestaron su “profunda preocupación” por la crisis migratoria, humanitaria y social en el país caribeño.

Este pronunciamiento ocurre mientras Venezuela continúa suspendida del Mercosur bajo el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, mecanismo que exige la preservación de sistemas democráticos en los países miembros.

En el documento, las autoridades de estos seis países sudamericanos señalaron que sus inquietudes se enmarcan en los reportes y advertencias recientes de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, los cuales alertan sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en territorio venezolano.

Por este motivo, exhortaron a las autoridades venezolanas a “cumplir con los estándares internacionales”, liberar de forma inmediata a los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad y garantizar el debido proceso y la integridad física de los detenidos.

Sede de la Cancillería peruana
Sede de la Cancillería peruana ubicado en Centro de Lima. Foto: Andina.

Líderes de la región ratifican compromiso democrático

Durante la jornada, presidentes y altos funcionarios de América del Sur firmaron el documento que resalta la apuesta por “medios pacíficos” para restablecer el orden democrático y el respeto total a los derechos humanos en Venezuela.

El acuerdo lleva las firmas del presidente argentino, Javier Gerardo Milei, el presidente paraguayo, Santiago Peña Palacios, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, así como representantes de Ecuador y Perú.

El grupo remarcó la vigencia del Protocolo de Ushuaia como base para el fortalecimiento democrático regional y reiteró la defensa conjunta de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y los mecanismos intergubernamentales que buscan robustecer el multilateralismo.

También expresaron su respaldo a la articulación de sistemas regionales de defensa democrática, así como el compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La declaración subraya que todos estos elementos son considerados esenciales para la integración, el desarrollo y la prosperidad de la región sudamericana.

El pronunciamiento se produce en un contexto donde la crisis venezolana continúa impactando a millones de personas y genera preocupaciones en toda América Latina.

La declaración no fue firmada por Brasil ni por Uruguay. El texto, debatido durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, evitó cualquier referencia a Estados Unidos o al despliegue militar estadounidense en el Caribe, adoptando un tono más moderado.

Comunicado de la Cancillería peruana.
Comunicado de la Cancillería peruana.

La reunión de mandatarios reflejó la división regional frente a la crisis en Venezuela y la persistencia de diferencias sobre cómo abordar la situación.

Mientras se desarrollaba la cumbre, Estados Unidos llevó a cabo la interceptación y confiscación de un buque sancionado cerca de las costas venezolanas, según informaron funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters.

Esta acción se enmarca en el cumplimiento de sanciones internacionales y refuerza la posición de Washington respecto al monitoreo de actividades marítimas consideradas irregulares en la región.

Según los detalles entregados a Reuters, la operación implicó la detención de una embarcación ya identificada como sujeta a sanciones.