El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ordenó el cierre definitivo de 141 economatos en establecimientos penitenciarios de todo el país, tras detectar incumplimientos normativos y por motivos de seguridad penitenciaria y control efectivo. La medida, formalizada mediante la Resolución Presidencial N.º 523-2025-INPE/P, busca restablecer el orden y la legalidad en los centros de reclusión, en línea con las acciones implementadas durante el estado de emergencia vigente.
La decisión se fundamentó en una evaluación técnica realizada por la Dirección de Tratamiento Penitenciario, basada en el informe de la Subdirección de Trabajo y Comercialización y revisada por la Oficina de Asesoría Jurídica, que determinó la necesidad del cierre para garantizar el control institucional.
Los responsables de los economatos afectados tendrán un plazo máximo de cinco días calendario para retirar todos los bienes y enseres no autorizados por el INPE.
De los 206 economatos autorizados por el Consejo Técnico Penitenciario, 141 serán clausurados por no cumplir con el pago correspondiente a la habilitación de los espacios asignados ni con los servicios básicos de energía eléctrica y agua. Los economatos, permitidos bajo la normativa vigente y el Reglamento General de Seguridad del INPE, constituyen una actividad comercial dentro de los penales.
La medida responde a la directiva del Presidente de la República, José Jerí, de restablecer el principio de autoridad en los centros penitenciarios, tarea supervisada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura.
José Jerí anuncia la desaparición del INPE
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Jerí, anunció que el Gobierno peruano ha tomado la decisión de impulsar la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte de una estrategia para enfrentar la crisis en el sistema carcelario. Durante una conferencia de prensa, Jerí detalló que esta iniciativa fue incluida en el pedido de facultades legislativas presentado al Congreso, donde se solicita autorización para legislar en materia de fortalecimiento del sistema penitenciario y seguridad interna.
El titular de Justicia explicó que la eliminación del INPE permitirá implementar un nuevo modelo de administración penitenciaria en el país. Según Jerí, la propuesta contempla la creación de un organismo diferente, con mayor autonomía y capacidades para combatir la criminalidad organizada que opera desde las cárceles. El ministro sostuvo que se busca reducir la corrupción, profesionalizar la gestión de las prisiones y garantizar mejores condiciones de seguridad tanto para los internos como para la ciudadanía.
Jerí indicó que la propuesta de desaparición del INPE responde a la necesidad de transformar la estructura que ha mostrado deficiencias en el control y supervisión de los penales. El ministro recalcó que el Ejecutivo espera que el Congreso otorgue pronto las facultades legislativas para avanzar con esta reforma, que considera prioritaria en el contexto de la lucha contra el crimen y la modernización de las instituciones vinculadas a la justicia penal en el Perú.
Colusión, filtraciones y debilidad institucional en el INPE
Dentro del INPE, José Jerí identificó una serie de irregularidades y filtraciones que, según él, comprometieron el funcionamiento mismo de la institución. “Hay un sector del INPE que está contaminado, que avisa de los operativos”, advirtió el presidente. Esta práctica minó la efectividad de las intervenciones, ya que al llegar a los penales, los internos y el personal sabían anticipadamente qué celdas serían inspeccionadas, reduciendo el impacto de las requisas.
Jerí relató que durante sus visitas presenciales decidió tomar el control directo de los operativos, ingresando a celdas que supuestamente ya habían sido “limpiadas” por la administración penitenciaria. “Sentí que me direccionaban. Cuando me decían eso, hacía todo lo contrario”, recordó. Esta estrategia le permitió constatar la posible colusión de trabajadores del INPE con internos involucrados en actividades ilícitas.
