La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por denunciar constitucionalmente a congresistas que aprobaron la ley que permite a parlamentarios militares recibir doble remuneración del Estado (sueldo y pensión de las Fuerzas Armadas).
Fueron 16 votos a favor y 4 en contra. Respaldaron el informe final los congresistas Waldemar Cerrón, Patricia Juárez, Eduardo Salhuana, Martha Moyano, Jorge Marticorena, Digna Calle, Flavio Cruz, Jorge Zeballos, Alex Paredes, Gladyz Echaíz, Lady Camones, César Revilla, Francis Paredes, Isaac Mita, Patricia Chirinos y Karol Paredes. Votaron en contra Roberto Sánchez, Víctor Cutipa, Alfredo Pariona y Ruth Luque.
Ahora, el informe final que propone inhabilitar a Espinoza será elevado al Pleno del Congreso para la decisión final.
Se trata de un nuevo intento por sancionar políticamente a Espinoza. Sobre la fiscal de la Nación ya existe una medida de inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Este último es por un reglamento que no firmó ni suscribió.
Se defiende
Momentos antes de la votación, Delia Espinoza se presentó ante la Comisión Permanente para defenderse de la acusación que podría derivar en una segunda inhabilitación por 10 años.
Para iniciar, indicó que aún ostenta el cargo de fiscal de la Nación y que el interinato de Tomás Gálvez "simplemente ha surgido de inconstitucionalidades sistemáticas surgidas desde la Junta Nacional de Justicia". Luego cuestionó el informe final toda vez que archiva los delitos imputados, pero se le sanciona por supuestamente vulnerar el artículo 93 de la Constitución, referido a la inmunidad de los votos de los congresistas.
“Si eso se archiva, quiere decir [...] que he cumplido con mi función constitucional de perseguir el delito desde su inicio, desde el conocimiento, y más aún que yo recibí un caso ya iniciado. Si yo he cumplido con mi función, ¿cómo se pretende sancionárseme por qué no he cumplido con la inviolabilidad del artículo 93?”, apuntó.
El meollo del asunto es la ley que modificó la norma sobre pensiones para exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para que congresistas que hayan pertenecido a estas instituciones puedan acceder a pensiones a pesar de trabajar como parlamentairo.
Según la fiscal, este iniciativa benefició directamente a 5 congresistas exmilitares y un expolicía, permitiéndoles acceder a gratificaciones superiores a los 46.000 soles en diciembre.
Espinoza califica estos hechos como un claro “aprovechamiento indebido del cargo”. “Había conocimiento, con voluntad, con dolo [...] a pesar de que tuvieron informes provenientes de los Ministerios de Defensa y del Interior, advirtiendo que podía haber un problema respecto de no poner un monto máximo”, detalló, acusando a seis congresistas de actuar con dolo al ignorar advertencias y agilizar un proyecto que vulneraba el interés público”.
En otro punto, Delia Espinoza les recordó que el Código de Ética Parlamentaria exige a los congresistas transparentar los conflictos de intereses al momento de abordar una iniciativa. “¿Lo hicieron [declarar conflictos de interés]? Señores, no lo hicieron. Se olvidaron de su Código de Ética Parlamentaria”, aseveró.
