La relatora especial de la ONU para la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, requirió información al Gobierno de Perú por las acciones contra Delia Espinoza desde la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Congreso de la República. Sin embargo, la gestión de José Jerí nunca respondió.
Satterthwaite envió su oficio requiriendo explicaciones al Estado peruano el 10 de octubre pasado, luego de que Espinoza fuera suspendida por la JNJ por no ceder el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides a pesar de haber sido válidamente elegida por la Junta de Fiscales Supremos.
Los oficios que envían los relatores especiales de la ONU se publican 60 días después desde su emisión, junto a la respectiva respuesta. Este 9 de diciembre se transparentó el documento de Margaret Satterthwaite, pero no se adjunto respuesta alguna del Ejecutivo que lidera el interino José Jerí.
Preocupación
En su comunicación al Estado peruano, la relatora especial Margaret Satterthwaite pidió específicamente información sobre el "proceso disciplinario llevado a cabo con mucha celeridad" contra Delia Espinoza, el mismo “que no habría observado ni los estándares del debido proceso, ni los requisitos establecidos en el mismo marco legal peruano”. También se requirió información sobre el retiro del resguardo policial.
“Este proceso disciplinario se estaría dando en un contexto de otras denuncias en la JNJ y el Congreso que presuntamente buscan castigar acciones tomadas por la Fiscal en el marco de su labor”, se lee. Para la relatora especial, estas acciones constituirían una “interferencia indebida en el trabajo del Ministerio Público, con especial énfasis en la Fiscalía de la Nación”.
Satterthwaite también cuestiona el plazo de la suspensión preventiva de Espinoza, que no sería proporcional.
En la comunicación de la relatora especial, además, se consigna la denuncia constitucional contra Espinoza y otros tres fiscales supremos por la aprobación del Reglamento sobre “Actuación fiscal en la investigación del delito”. Este proceso acabó en la inhabilitación por 10 años de Espinoza, pese a que nunca firmó dicho documento.
Por ello, Margaret Satterthwaite, preliminarmente expresa su “seria preocupación” ante lo que “podría ser una interferencia indebida en el desempeño del cargo de la fiscal Delia Espinoza”.
“La situación de acoso y desprotección descrita, así como un proceso disciplinario contra la Fiscal de la Nación que no habría observado ni los estándares del debido proceso, ni los requisitos establecidos en el mismo marco legal peruano, podría ser incompatible con las normas internacionales sobre la independencia judicial debe ser garantizada por el Estado”, se lee.
En la comunicación, la relatora especial Margaret Satterthwaite pide al Ejecutivo que comparta copia de su carta a la JNJ y a la Junta de Fiscales Supremos; sin embargo, también se desconoce si el Gobierno lo hizo.
Inhabilitada
El Pleno del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años de la fiscal de la Nación Delia Espinoza por presunta infracción constitucional, a raíz de la supuesta aprobación de un reglamento que, según documentos internos, no firmó ni respaldó.
De acuerdo con informes de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, el Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del delito nunca fue sometido a debate, deliberación ni votación en la Junta entre agosto y diciembre de 2024. El documento fue elaborado por la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal. En la versión final publicada en octubre de 2024, se retiraron los nombres de los responsables de cada oficina y se consignó que fue “elaborado y revisado por Junta de Fiscales Supremos”, aunque se mantuvo la aprobación por Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación (i).
