La advertencia de un paro de 48 horas lanzada por el gremio Transporte Unido podría detener el transporte público en Lima y Callao a solo unos días de la Navidad, si el gobierno no presenta un plan eficaz contra la extorsión y los atentados armados.
El comunicado, emitido por la organización el 5 de diciembre, otorgó al gobierno interino de José Jerí un plazo de 7 días hábiles que expira el martes 16 de diciembre para ofrecer una respuesta concreta.
El pedido de Transporte Unido surge tras una escalada de ataques que afectan de manera directa a los conductores y usuarios. Según el comunicado al que accedió Infobae Perú, las empresas asociadas de los conos norte, sur, este y oeste de la capital han sufrido ataques sistemáticos que recientemente costaron la vida a un conductor de la empresa ‘La 20’ en Chorrillos.
“Los representantes del transporte urbano organizado por las empresas del cono Norte, Sur, Este y Oeste, expresamos nuestro profundo malestar e indignación por la ineficacia de las acciones del Estado frente a las extorsiones, los ataques criminales e incendiarios y todos los hechos delictivos que ponen en riesgo la seguridad y vida de nuestros conductores y usuarios”, indicaron.
De acuerdo con América TV, Martín Ojeda, dirigente del sector, advirtió que esta situación provoca que el sector viva en un estado de “agobio permanente”, mientras las familias de los trabajadores asesinados “quedan en desgracia”. Además, remarcó que “estamos en un estado de guerra”, señalando que los hechos de violencia y extorsión no han retrocedido a pesar de las declaraciones de estado de emergencia por parte del Ejecutivo.
Impacto en el servicio
El posible paro contempla fechas entre el 17 y el 19 de diciembre, justo días antes de la celebración navideña, acontecimiento que pondría en jaque el desplazamiento de millones de personas.
Según datos difundidos, la paralización afectaría cerca de 14 millones de viajes diarios en Lima y Callao, incluyendo desplazamientos laborales, citas médicas y clases.
Un reporte de 24 Horas sostiene que la inseguridad y las extorsiones han provocado que 5.000 buses de transporte público hayan dejado de operar en la capital, escenario que abre la puerta al crecimiento del transporte informal.
El mismo Ojeda, quien también representa a la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, refirió en ese medio que la escasez de conductores y el temor por los atentados han disuadido a muchos de sumarse al rubro, agravando así el déficit de profesionales y abriendo el camino a los colectiveros irregulares.
Principales demandas
Entre los requerimientos entregados al Ejecutivo, Transporte Unido exigió un aumento inmediato de presupuesto para la dotación de tecnología y personal especializado en la investigación de organizaciones criminales.
También pidieron el fortalecimiento de la Unidad Operativa contra la Extorsión, la implementación efectiva del protocolo de reserva de denuncias y coordinación con el Ministerio Público, así como el bloqueo y sanción de cuentas bancarias asociadas a la criminalidad.
El gremio alertó sobre la necesidad de modificar las leyes 31990 y 32181, argumentando que dificultan la lucha frontal contra estos delitos. Solicitaron, además, una mayor supervisión en la venta y activación de chips telefónicos, debido a que suelen emplearse para coordinar amenazas y extorsiones.
También se suma la demanda de transparencia en los resultados de las investigaciones, con el fin de que las instituciones informen a la ciudadanía sobre los avances en el combate al crimen.
Por su parte, América TV recogió de Martín Ojeda la solicitud de una reunión directa y urgente con el presidente de la República, así como el acceso rápido al secreto bancario para investigar cuentas involucradas en extorsiones. Aunque destacó la apertura al diálogo de algunos miembros del gobierno, subrayó que “el tiempo pasa y la situación se agudiza”.
La problemática de la inseguridad y su efecto en el sector
La situación, marcada por el incendio de buses y amenazas constantes, presiona a las autoridades a brindar soluciones. Ojeda refirió que, durante la última quincena, más de 25 buses de al menos cinco empresas resultaron incendiados, a menudo precedidos por amenazas de grupos delictivos. “No podemos decir que es un cortocircuito cuando hay amenazas previas”, sostuvo.
La determinación del paro no es unánime en el sector, pues mientras algunos sostienen que la medida resulta “irreversible” ante la persistencia de la violencia, otros plantean mantener el diálogo abierto con el Ejecutivo.
