La relatora especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la decisión del Congreso de Perú de inhabilitar por 10 años a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Por medio de su cuenta persona del X (Twitter), indicó que no solo no se ha cumplido con la decisión judicial que ordenaba reponerla en su puesto como titular del Ministerio Público, sino que además fue inhabilitada. “El personal judicial debe poder ejercer sus funciones sin intimidación ni represalias. Urjo de nuevo a las autoridades peruanas a respetar los estándares internacionales. La independencia judicial no es opcional, es la base de la democracia”, dijo.
El pasado 27 de noviembre, la abogada ya se había referido del tema, cuando se aprobó investigar a Espinoza por presuntos delitos vinculados a su gestión, como abuso de autoridad y prevaricato.
Margaret Satterthwaite calificó esta decisión como una ofensiva coordinada para obstaculizar la labor de Espinoza. Señaló que la suspensión y la reducción de la protección a la fiscal representan una amenaza directa para la integridad del sistema judicial y advirtió que los jueces no deben sufrir represalias por sus decisiones.
Diversas organizaciones internacionales como CEJIL, DPLF, Robert F. Kennedy Human Rights y la OMCT publicaron un comunicado conjunto donde definen la inhabilitación de Espinoza como un ‘ataque frontal’ al Ministerio Público. Las entidades alertan que estas acciones debilitan la capacidad de la Fiscalía para combatir el crimen organizado y advierten sobre normas recientes que transfieren atribuciones de los fiscales a la Policía Nacional. Además, recuerdan que un amplio sector del Congreso tiene procesos judiciales abiertos, y ven en estas medidas un intento parlamentario de protegerse frente a investigaciones.
Tras la sanción, Espinoza denunció haber sufrido arbitrariedades y advirtió sobre la existencia de una “dictadura parlamentaria” en Perú. Observadores sostienen que este caso será una prueba para la independencia judicial, el equilibrio de poderes y la salud institucional en el país.
La inhabilitación
La sanción se sustenta en la acusación de que Espinoza habría respaldado y elaborado el reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del Delito”, considerado por sus denunciantes como una contravención a la Ley 32130. Informes oficiales, no obstante, señalan que dicho documento no fue debatido ni aprobado por la Junta de Fiscales Supremos y que se trató de una acción tomada bajo la gestión interina de Juan Carlos Villena.
Durante su exposición, la fiscal suprema denunció arbitrariedad en el procedimiento y atribuyó la medida a represalias por las denuncias constitucionales que ella misma había presentado contra congresistas. Afirmó que la decisión afecta la independencia del Ministerio Público y lanzó la advertencia. “O te doblegas o te sacan. O te sometes o pierdes tu trabajo, pierdes tu sueldo, tu seguro social, pierdes tu vida, pierdes lo que amas hacer”, mencionó.
La respuesta en el Poder Legislativo fue dividida. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, saludó la inhabilitación, mientras que parlamentarias como Susel Paredes, Sigrid Bazán y Flor Pablo advirtieron que la sanción responde a motivaciones políticas y el objetivo de controlar instituciones incómodas para una mayoría legislativa.
