El Congreso de la República no alcanzó el número de votos necesario para inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo, así como a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, quienes ya cumplen condena por conspiración para la rebelión tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La propuesta contra el vacado exmandatario solo obtuvo 44 votos a favor, la asilada por México 54 votos y el extitular del Mininter 42. Ninguno logró alcanzar ni acercarse a los 68 votos mínimos requeridos por ley, pese a que las imputaciones eran precisamente por hechos vinculados al cierre del Parlamento.
La sesión se desarrolló en un ambiente intenso. El debate fue iniciado por la congresista Ana Zegarra, quien expuso el informe respaldado previamente por la Comisión Permanente. Ese documento acusaba a Castillo, Chávez y Huerta de infringir dieciocho artículos de la Constitución, incluyendo los relativos a la separación de poderes y al cumplimiento de las funciones públicas.
Acto seguido, los acusados y sus abogados ejercieron su derecho a la defensa. Pedro Castillo, desde el penal de Barbadillo, rechazó las acusaciones e insistió en su narrativa de victimización: “El 7 de diciembre simplemente hice una lectura, trasladando el clamor del pueblo peruano”, expresó.
Su defensa legal, encabezada por Carlos Torres Caro, argumentó que la sanción de inhabilitación supondría un doble castigo por los mismos hechos, recordando que el Poder Judicial ya dictaminó dos años de inhabilitación como parte de la condena, junto con once años y cinco meses de prisión. “No se puede castigar dos veces por los mismos hechos. Ya la sala dictaminó dos años de inhabilitación”, exclamó.
Por su parte, los abogados de Betssy Chávez —Raúl Noblecilla y Luis Barranzuela— hicieron tono político en sus intervenciones, lo que generó llamados de atención por parte del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Sin embargo, el tono escaló frente a las palabras de Noblecilla, quien no solo llamó “Satanás” y “desgraciado” al exdictador Alberto Fujimori, sino que reconoció insultar a todo el Congreso, hecho por el que fue expulsado.
“Señor, está usted insultando a un grupo del Congreso. Por favor, retírese, ya casi ha terminado su tiempo. Retírese señor”, expresó el presidente del Congreso.
En el caso de Willy Huerta, el exministro del Interior aseguró ante el Pleno que no había participado en ninguna acción ilícita y afirmó su inocencia: “Nunca estuve de acuerdo con nada”.
Como se recuerda, la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo, Chávez y Huerta por conspiración para la rebelión, con una pena de once años y cinco meses de prisión, además de dos años de inhabilitación. Sin embargo, la propuesta debatida en el Parlamento buscaba una sanción adicional de diez años, dado el impacto institucional del golpe que, según la acusación, vulneró los pilares de la democracia peruana.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver temporalmente el Congreso, instaurar un “gobierno de emergencia excepcional” y reorganizar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Este acto, calificado de golpe de Estado, fue la culminación de una serie de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
