La inhabilitación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación expuso no solo divisiones en el Congreso, sino también una serie de maniobras y cambios estratégicos en la segunda votación que determinaron el desenlace del caso. Lejos de una sesión ordinaria, la jornada evidenció demoras y apuros en la conducción del debate y cambios de postura entre los parlamentarios.
Durante la sesión del Pleno, al mediodía, el intento inicial por inhabilitar a Delia Espinoza no alcanzó los votos necesarios. El recuento arrojó 63 votos a favor, lejos de los 68 requeridos por el reglamento para la imposición de una sanción de inhabilitación de una década. La diferencia notable reflejaba, al menos momentáneamente, la ausencia de consenso suficiente para adoptar la medida.
Sin embargo, en el transcurso de horas, el panorama cambió con rapidez. Los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron pedidos de reconsideración, lo que abrió la vía para una segunda votación. Al reanudarse la sesión en la tarde, la conducción recayó sobre Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, a quien se le cuestionó la demora en la votación para la reconsideración.
El tiempo concedido fue de 7 minutos y 30 segundos, un margen que generó incomodidad entre los parlamentarios. Fueron dos los congresistas que reclamaron expresamente por la extensión. “¡Cierren la votación, presidente!“, fue el último llamado para concluir el trámite.
Con una postura a favor de votar nuevamente por la inhabilitación, el titular del Parlamento imprimió un ritmo acelerado al proceso. Rospigliosi mientras el relator leía la denuncia, el fujimorista lo interrumpió instruyéndolo: “Señor relator, solo la parte resolutiva, que ya se leyó esa parte”.
Cambios clave en los votos: el giro en la balanza
El aumento de votos favorables en la sesión vespertina no fue producto de un cambio espontáneo de opinión colectiva, sino de modificaciones puntuales en la conducta de ocho parlamentarios. Estos cambios resultaron decisivos para alcanzar los 71 votos a favor que concretaron la inhabilitación de Espinoza.
Tres legisladores que inicialmente se habían abstenido en la primera votación —Katy Ugarte (Juntos por el Perú), José Balcázar (Perú Libre) y Kira Alcarraz (no agrupada)— optaron por votar a favor en la segunda ronda. Adicionalmente, Francis Paredes (Podemos Perú), Guido Bellido (Podemos Perú) y Silvia Monteza (Acción Popular), quienes no habían registrado su voto al mediodía, sí lo hicieron en la tarde, ambos optando por la inhabilitación. Completaron el giro el caso de Juan Mori (Acción Popular), quien obtuvo licencia en la primera sesión y se reincorporó para votar a favor, y Elva Julón (Alianza para el Progreso), ausente en la mañana, pero presente para inclinar la balanza en la tarde.
Estos movimientos evidencian coordinación interna entre fuerzas congresales, enfocada en asegurar el resultado tras la frustración de la primera votación. La presencia tardía de algunos legisladores y el cambio de postura de otros despertaron suspicacias entre las bancadas opositoras, que señalaron posibles presiones e incentivos para modificar la decisión a último minuto.
En esa línea, el abogado de Delia Espinoza, Rodolfo Pérez calificó la reconsideración de ‘tramposa’ y aseguró que no solo ‘trajeron’ congresistas para revertir la decisión, sino que coaccionaron a otros “a cambiar su voto”. “Están imponiendo como sea una decisión ilógica, inconstitucional y arbitraria”, agregó a través de una publicación en su cuenta oficial de X.
En la misma red, Rospigliosi celebró la decisión y calificó a la fiscal de “desquiciada”. “¡Sancionada! La desquiciada ex fiscal Delia Espinoza, que hoy día amenazó con represalias a los congresistas si votaban por la sanción, ha sido inhabilitada diez años por el Congreso!”, escribió.
¿Por qué Delia Espinoza fue inhabilitada?
La inhabilitación de Delia Espinoza por parte del Congreso responde a la acusación de haber respaldado la elaboración del reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, el cual presuntamente contravenía la Ley 32130.
Los congresistas que promovieron la denuncia sostienen que Espinoza, junto a otros fiscales supremos, intervino en la aprobación de un documento considerado irregular, lo que derivó en la imputación de infracciones constitucionales y la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Sin embargo, informes oficiales desmienten que el reglamento haya sido debatido o aprobado por la Junta de Fiscales Supremos y responsabilizan de su emisión al entonces fiscal interino Juan Carlos Villena. A pesar de la falta de pruebas directas sobre su participación, el Congreso decidió sancionar a Espinoza, mientras los demás fiscales señalados en la denuncia fueron salvados.
